Fraccionar contratos es una práctica habitual en muchos ayuntamientos. En los de Convergencia es toda una especialidad para favorecer a determinadas empresas sin tener que pasar por los engorrosos trámites y concursos públicos con publicidad, pliegos, plicas y controles extramunicipales. Si el importe no supera los 18.000 euros, la administración local tiene carta blanca para sacar el dedo del alcalde a pasear y esto es lo que sospecha la Oficina Antifraude de Cataluña que pasaba en el Ayuntamiento de Gerona desde que tomó posesión el convergente Carles Puigdemont, en 2011.
Al menos dos denuncias han llegado a la Oficina Antifraude. La de una empresa de aplicaciones móviles y otra relacionada con la externalización de los servicios de auditoría de las cuentas municipales. Además, hay que contar la presión del PSC y de la CUP, que al poco de que Puigdemont tomara posesión de la alcaldía comenzaron a advertir notorias novedades e irregularidades en la gestión municipal.
Los antisistema acusaron a Puigdemont de utilizar a la empresa de suministro de aguas como "tapadera" para la adquisición de una colección de cuadros. Los socialistas, por su parte, denunciaron la "externalización" del control de las finanzas municipales. A finales de 2015 todo ello arribó a la Oficina Antifraude, que se puso a trabajar en febrero, un par de semanas después de que Puigdemont fuera nombrado presidente de la Generalidad tras la renuncia de Artur Mas forzada por la CUP.
La consultora convergente
Los investigadores de la Oficina Antifraude se centran y sospechan de los contratos con la empresa Efial, una consultora dedicada a facturar trabajos la administración local y que ha sido contratada por la mayoría de ayuntamientos convergentes. El nombre de esta sociedad aparece en numerosos expedientes judiciales, incluidos los relativos al cobro del tres por ciento por empresarios afines a CDC. Esta consultora, Efial, se jacta de haber trabajado para los municipios de Barcelona, Mataró y Gerona, así como para otras muchas entidades públicas locales en materias tan dispares como la "dinamización cultural", los "servicios relacionados con la gestión integral del agua", con el urbanismo y con el "asesoramiento estratégico y financiero".
Puigdemont, según la edición catalana de El País, habría otorgado seis contratos a esa empresa, cuatro de ellos por menos de 18.000 euros y otros dos por importe superior, hasta los cincuenta mil euros, pero sin concurso público. El trabajo de Efial era el de controlar gastos del plan E de inversiones del Gobierno Zapatero, así como otros desempeños relacionados con la gestión del patrimonio municipal o del control de empresas con participación local.
A pesar del beneplácito convergente y de los tratos continuados con el partido, Efial llegó a deslizar duras críticas en uno de sus informes contra la empresa de aguas de Gerona, que debía nueve millones de euros, incluida la colección de arte comprada por el ayuntamiento de Puigdemont que se desvió al balance de la antedicha sociedad.
Ni la Generalidad ni el propio Puigdemont se han pronunciado todavía al respecto de la investigación de la oficina Antifraude. Tampoco los partidos de la oposición se han interesado aún por el pasado de Puigdemont. Se da la circunstancia de que el primer medio que informó del asunto fue la "Agència Catalana de Noticias", una entidad para la que trabajó Puigdemont en sus tiempos de periodista y en la que no dejó muchos amigos.