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La Fiscalía pide que se estudie aplicar medidas disciplinarias a Victoria Rosell

La juez en excelencia y diputada de Podemos podría haber cometido infracciones en la instrucción de un caso que salpica a su marido.

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La Fiscalía pide que se estudie aplicar medidas disciplinarias a Victoria Rosell
Victoria Rosell | EFE

El Ministerio Fiscal considera que la juez en excelencia y actual diputada de Podemos, Victoria Rosell, podría haber cometido faltas disciplinarias en la carrera judicial que abandonó para dedicarse a la política. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal que impulse nuevas diligencias para examinar su comportamiento. Concretamente, que remita al Consejo General del Poder Judicial los nuevos datos aportados por el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. Se refiere a la ampliación de su querella contra su ahora adversaria política.

Esta ampliación se basa en informaciones periodísticas que ha adherido al escrito el abogado de Soria, también exfiscal general del Estado, Eligio Hernández. La Fiscalía del alto tribunal, que ya se ha pronunciado en contra de abrir una causa penal contra Rosell, no considera que este nuevo extremo precise investigación criminal. Sin embargo, entiende que no sobra que el órgano de gobierno de los jueces analice si su actuación es merecedora o no de sanción disciplinaria.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya se pronunció el pasado 18 de marzo por la inadmisión de la querella presentada por el ministro. En su informe, argumentaba que Soria no ha acreditado la existencia de delitos e injurias y calumnias. El ministro se refería a unas declaraciones realizadas por la actual diputada de Podemos en la que le acusaba "manipular" e "instrumentalizar" a la Fiscalía para que emprendiera una persecución contra miembros de Podemos.

Confrontación electoral

Las manifestaciones que se atribuyen a Rosell se realizaron en plena campaña electoral para las elecciones generales del pasado diciembre. Sin embargo, Fiscalía del Supremo mantiene su criterio: el contexto de confrontación electoral no es suficiente por sí solo para germinar un atentado al honor o dignidad del querellante, ni tampoco un delito de calumnias.

José Manuel Soria solicita en la querella que el Tribunal Supremo interrogue a Rosell en calidad de investigada y a la fiscal delegada de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, como testigo. Entiende que la jueza en excelencia lesionó su dignidad e incluye una reflexión: "una campaña electoral no implica una patente de corso para la difamación".

Caso de Victoria Rosell

Investigar a un acusado de corrupción y colaborar paralelamente con sus negocios. Es la sospecha sobre el comportamiento de Victoria Rosell como instructora de la causa contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Ya lo denunció ante el CGPJ la fiscal Evangelina Ríos, que trata de dilucidar si la juez, ahora en excedencia, dirigió la causa mientras su marido, el periodista Carlos Sosa, negociaba laventa de una licencia de radio al propio investigado, algo que debería haber obligado a Rosell a abstenerse de seguir al frente de la instrucción.

El Gobierno canario prohibió al presidente de la UD Las Palmas continuar con las emisiones de radio del club en la frecuencia 93.8 FM al carecer de autorización. Según explican fuentes de la investigación, de esta práctica surgían importantes contratos publicitarios. Sin embargo, Miguel Ángel Ramírez buscó la alternativa en un acuerdo con Carlos Sosa, que cedió la prestación de servicios en otra emisora para que el directivo la explotase. El montante de la operación supera los 300.000 euros. Tres días después de la rúbrica, el pasado 26 de octubre, Victoria Rosell se incorporó a las listas de Podemos en Las Palmas para las próximas elecciones generales.

Extraños retrasos

La fiscal denunció ante el CGPJ a principios de 2015 extraños retrasos en la instrucción encabezada por Victoria Rosell. En esta pieza de la investigación en torno al presidente, la representante del Ministerio Público trata de averiguar hasta qué punto tuvo que ver con los negocios de Miguel Ángel Ramírez y su marido. La causa investiga delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, que le reclama 13 millones de euros. El presidente de la UD Las Palmas ya fue condenado a tres años de cárcel por construir de forma ilegal varias infraestructuras sobre una zona protegida, aunque recibió el indulto del Tribunal Supremo. Una segunda condena supondría su ingreso inmediato en prisión.

Las pesquisas actuales recayeron por reparto sobre la juez Victoria Rosell. Se investigan acciones desarrolladas entre 2008 y 2013, por las que se ha solicitado documentos sobre el pago de dietas a sus empleados. Miguel Ángel Ramírez es propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria, la mayor compañía de seguridad de las islas con 5.500 trabajadores en toda España. Transcurrido el plazo para presentar la documentación, la juez enrolada en las filas de Podemos aprobó una ampliación al entender que no le había dado tiempo a recopilar los archivos. A través de varias decisiones denunciadas por la representante de la Fiscalía, este paso se ha ido retrasando de forma que los documentos aún no han llegado al Juzgado.

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