Los okupas desalojados este jueves del centro social La Morada, en el distrito madrileño de Chamberí, han interpuesto una denuncia ante el juez, al que piden que se les devuelva el inmueble porque defienden que no existe resolución alguna que haya acordado la restitución a su propietario.
El inmueble, ubicado en el número 5 de la calle Casarrubuelos y ocupado desde septiembre de 2012, fue desalojado por la Policía después de que varias decenas de personas entraran en él tras romper la cerradura que el propietario puso aprovechando un momento en el que no había nadie en la casa, en la que puso vigilancia privada.
La Policía detuvo a 32 personas, tres de ellas menores, que posteriormente han sido puestas en libertad tras declarar en dependencias policiales, aunque investigados por los delitos de resistencia y desobediencia y usurpación de bienes inmuebles.
Tras estos sucesos, la abogada que les representa ha interpuesto una denuncia en el juzgado para pedir la devolución del inmueble a los okupas.
Según el escrito de la denuncia, desde septiembre de 2012 el centro La Morada es quien hace uso del inmueble, "realizando infinidad de actividades sociales para todos los vecinos del barrio de Chamberí y de la ciudad de Madrid".
Alega la letrada que en septiembre de 2015 la propietaria del inmueble solicitó al juez el desalojo, pero no accedió, según acordó en un auto del 16 de octubre de ese año. Una decisión que la propiedad no recurrió, dice la denuncia.
Ya en diciembre, el magistrado acordó el sobreseimiento provisional de causa, que sí fue recurrido. El caso está ahora en la Audiencia Provincial, que notificó a las partes la recepción de las actuaciones, pero de momento "no se ha acordado la restitución del inmueble a su titular", que "conoce perfectamente" la marcha del proceso.
Este viernes, continúa el escrito, dos vigilantes de seguridad rompieron la puerta de acceso, cambiaron la cerradura y entraron en el inmueble.
Cuando los vecinos acudieron, se encontraron con esos dos vigilantes, quienes les dijeron que había sido "enviados por la propiedad" y que no pensaban dejar pasar a ninguna persona.
Tras el desalojo, "el inmueble sigue encontrándose en manos de quienes entraron el él de forma irregular (los vigilantes) y todos los enseres pertenecientes a los diferentes colectivos del centro social permanecen en su interior".
Por todo ello, la denuncia dice que ninguna instancia judicial ha acordado a día de hoy el desalojo, por lo que la restitución al propietario "se ha llevado a cabo al margen de la legalidad" y, por tanto, se ha incurrido en algunos delitos como allanamiento de persona jurídica, desobediencia judicial, daños y coacciones.