La recta final del juicio por la tragedia del Madrid Arena acoge estos días la fase de conclusiones. Es el momento en el que las acusaciones exponen su versión definitiva supeditada ya a las aportaciones de los acusados y los testigos durante la vista. El abogado Felipe Moreno, que representa a la familia de una de las cinco jóvenes fallecidas en el incidente, Rocío Oña, ha tomado este miércoles la palabra. Ha destacado en su informe que aquella madrugada del 1 de noviembre de 2012 hubo "un fallo en cadena" de "todos los que participaron en el evento".
Esta acusación reclama cuatro años de cárcel para Miguel Ángel Flores por cinco homicidios imprudentes grave. "Era una tragedia que podía haber sido evitable. Una serie de fallos y negligencias que llevaron a este trágico final. Esperamos que no se repita. Era una empresa propiedad del Ayuntamiento y eso daba un plus de confianza de que iban a un lugar público sometido a toda la normativa y que evidentemente tienen que cumplir unos parámetros". El abogada habla de una "concatenación de fallos de todos los participantes que tenían poder de dirección. Desde gestora, organizador, empresas de seguridad, falta de prestación de unos servicios".
La acusación considera acreditado que Flores "tenía pleno conocimiento" del exceso de aforo. Asegura que el empresario quería un lleno para el número de la barca del Dj Steve Aoki. Según ha explicado, Flores "convirtió la fiesta en una tragedia". De acuerdo con la prueba practicada en el juicio, se vendieron casi 17.000 entradas, poniéndose a la venta cerca de 37.000 y teniendo en cuenta que había entradas grupales en las que podían entrar hasta ocho personas. El descontrol había masificado el número de asistentes, lo que provocó varias avalanchas y una de ellas mortal.
La familia de Rocío Oña extiende su indignación al equipo médico ante las imprudencias y negligencias profesionales en las que incurrieron los encargados de la enfermería; Simón Viñals y su hijo Carlos. Pensaron que la víctima estaba muerta cuando en realidad estaba en parada cardiorrespiratoria. Lo mismo ocurrió con otra de las fallecidas, Katia Esteban. "Admitieron estar en un cuchitril sin ventilación. Y ese recinto ha estado dedicado a todo tipo de cosas como depósito de basuras". La fiscal pide para ellos un año y medio de cárcel por homicidio imprudente grave.
El Ayuntamiento "mira hacia otro lado"
Otra de las acusaciones particulares ha cargado este miércoles contra el Ayuntamiento de Madrid. El abogado Ábdon Núñez, en representación de la familia de la malograda Belén Langdon, considera que, cuatro años y medio después, el Consistorio de la capital "sigue mirando hacia otro lado". Ha comenzado su exposición mencionando que precisamente hoy Belén hubiera cumplido 21 años. También ha destacado que "el Madrid Arena no tiene licencia de construcción ni de funcionamiento". Esta acusación reclama 4 años de cárcel para Flores por un delito de homicidio por imprudencia grave. Cada una de las representaciones de las víctimas solicita la misma pena, con lo que sumaría 20 años de prisión para el empresario.
Las pruebas respaldan que se recaudó casi 600.000 euros en la fiesta, lo que demuestra el ánimo de lucro de Flores. En esta recaudación se refleja el sobreaforo, que sobrepasó un 200 por ciento de lo establecido. El abogado de la familia Langdon ha dedicado una parte de su informe para cargar contra Roberto Mateos, el empleado de Seguriber que se encargaba de estar en la sala de control de cámaras de videovigilancia. Este empleado afronta una pena de tres años de cárcel por cinco homicidios imprudentes.
"Era muy fácil establecer las cámaras de prioridad. Yo sinceramente, entiendo que con 8 cámaras en un monitor, estaba controlando lo más grave que podía pasar esa noche. Pero para verlo hay que estar ahí y estar sentado", ha dicho en referencia al hecho de que Mateos abandonó de forma injustificada su puesto de trabajo.
Indemnización por catástrofe
"¿Cómo valoramos el sufrimiento de Belén? Una niña lo narró. La dejé morir". Así ha presentado el abogado su alegato para reclamar una indemnización de catástrofes. "Cuando sale, no respira. La llevan por un periplo impenitente, sin saber dónde estaba la enfermería. Si es difícil cómo valorar su sufrimiento, qué pasa con la familia. Un caso absolutamente mediático y desgarrador. Poner una foto en Internet. Eso es lo que sale y lo que los padres verán. Eso es lo que no hemos conseguido quitar. Es de por vida. A la familia la han condenado de por vida", ha apuntillado.
Belén "murió en manos de su hermano, que le dio la extremaunción porque es sacerdote. La muerte es irreparable. La de una menor quizá más. Pedimos a la sala que aplique esa directiva".