Pagar o no pagar. Éste es un debate habitual en los países occidentales, que se están acostumbrando a convivir con la nueva política de ingresos de grupos terroristas o de piratas de buena parte del mundo, que consiste en retener contra su voluntad a periodistas, cooperantes o turistas de las naciones más ricas del mundo para pedir a sus Gobiernos un jugoso rescate a cambio de la liberación. Son muchos los países que pagan y muy pocos los que no negocian. La reciente "liberación" de tres periodistas españoles secuestrados en Siria reactiva el debate.
El dilema es claro. Por un lado, pagar un dinero para traer con vida a un cautivo pero a cambio de llenar las arcas del grupo terrorista o pirata, que tendrá más recursos para seguir matando o secuestrando a otras personas. Se consolida así el negocio del secuestro y los ciudadanos de los países que pagan se convierten en un negocio seguro. Por el otro, mirar a las familias de los secuestrados a los ojos y decirles que no se va a pagar y que es posible que nunca más los vuelvan a ver con vida.
España se ha labrado en las últimas décadas una fama de país fiable a la hora de pagar secuestros para liberar a sus ciudadanos cautivos. La revista Dariq, que edita el grupo terrorista Estado Islámico, ponía a España como un ejemplo de ello en su edición del pasado mes de abril, en una lista de países pagadores junto a Italia, Francia, Alemania o Dinamarca. Por contra, situaba a Reino Unido o Estados Unidos como países que no pagan por liberar a sus ciudadanos.
Un estudio sobre este tema publicado por The New York Times en julio de 2014 situaba a España como uno de los cinco países que más había pagado por secuestros en el continente africano en el periodo 2008-2014. Exactamente, en el puesto número cuatro. En primer lugar situaba a Francia con 58,1 millones de dólares. Después al dueto Qatar-Oman, con 20,4 millones. El tercer puesto era para Suiza, con 12,4 millones. El quinto, era Austria, con 3,2 millones de dólares.
Lluvia de millones para los terroristas
Las fuentes del diario norteamericano cifraban en 11 millones de dólares lo pagado por España. De ellos, 5,9 millones de dólares habrían ido a parar a las arcas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y otros 5,1 millones a Al Shabab. En el aire quedan, y por tanto no los computaba a ningún país, el pago de un rescate de 10,8 millones de dólares a AQMI por el secuestro de tres cooperantes (un italiano y dos españoles).
Cálculos llevados a cabo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el equivalente a los ministerios de Economía y Hacienda europeos, cifra en aproximadamente 123 millones de dólares lo pagado en rescates solo por los principales gobiernos europeos durante este periodo 2008-2014.
Algunas cifras publicadas por el diario norteamericano difieren de las cifras que han trascendido en Europa. El coste de la liberación de los cooperantes Roque Pascual, Albert Vilalta y Alicia Gámez, secuestrados por el AQMI en Mauritania en 2009, habría supuesto un total para las arcas españolas de 7,5 millones de euros, cifra superior a los 5,9 millones de dólares que dice el periódico estadounidense. La diferencia puede estar en lo que se quedaron los intermediarios.
El rescate de los cooperantes Enric Gonyalons, Ainhoa Fernández y Rosella Urru (de nacionalidad italiana), secuestrados en el campamento saharaui de Tindouf (Argelia) en 2011, habría supuesto un desembolso de 7,5 millones de euros para España y de la misma cantidad para Italia, según hizo público Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), un grupo terrorista que tenía entre sus líderes a un yihadista español: Abu al-Nur Al-Andalusí. El diario estadounidenses cifra el rescate en una cuantía mucho menor y no se la atribuye a ningún país por carecer de fuentes sobre ello.
Estos no son los únicos secuestros por los que se tiene constancia de que España ha pagado a los secuestradores. Una sentencia de la Audiencia Nacional cifra en 2,7 millones de euros la cantidad que se pagó para liberar al Alakrana, secuestrado por piratas en las costas de Somalia. Mucho más baja es la cifra pagada por la liberación del Playa de Bakio, en la que el armador habría aportado tan solo 750.000 euros.
Estado Islámico liberó en 2014, tras seis meses de secuestro, a los periodistas españoles Ricardo García Vilanova, Javier Espinosa y Marc Marginedas. Este fin de semana, el Frente Al Nusra ha hecho lo propio con los periodistas Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, secuestrados el pasado mes de julio. El Gobierno no ha reconocido haber pagado por la liberación de los periodistas, pero todo hace indicar que así se ha hecho en sendos casos.
Operaciones militares de rescate
A medio camino entre pagar o no pagar hay un recurso que no siempre es posible: conseguir que los servicios de inteligencia del país localicen el lugar exacto donde están retenidos a los secuestrados y mandar a un grupo militar de operaciones especiales para que los libere. Países como Estados Unidos lo han intentando con sus secuestrados en Siria e Irak. No se conocen operaciones exitosas en este zona y sí algún intento baldío, como el intento de liberar a la cooperante Kayla Mueller.
España ha contemplado esta opción en algunas ocasiones e, incluso, ha llegado a poner en marcha las operaciones. Ejemplo de ello fue el secuestro del Alakrana. La Moncloa envió al Océano Índico un grupo de la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de la Armada a bordo de un C-130 Hércules. Fueron lanzados en paracaídas aprovechando la noche y pescados uno a uno del mar por las lanchas de los buques de la Armada que controlaban el Alakrana.
El Gobierno Zapatero decidió finalmente no asaltar el barco ante la posibilidad de que algún secuestrado o, lo que es más extraño, algún secuestrador, perdiese la vida. Sí autorizaron una operación similar los responsables de la Operación Atalanta (la misión de la UE contra la piratería), que ordenó al grupo FGNE del L-51 Galicia que rescatase de las garras de los piratas somalíes a la turista francesa Evelyn Colombo. La operación fue un éxito rotundo.