Existen indicios de que Vicente Martínez Pujalte, quien fuera diputado y dirigente del Partido Popular en el Congreso, recibió pagos de empresas que contrataban con la Administración Pública mientras ocupaba su escaño. Un nuevo y presunto caso de corrupción por comisiones que ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción y que se dirige también contra otros cargos de la formación como la exsenadora Ana Torme o el también exdiputado Alejandro Ballestero de Diego; y empresarios como Alejandro Llorente Muñoz, Juan Antonio Mora Barrero y María del Mar Benito Vega. Los nombres de esta lista guardan relación con sociedades que habrían pagado a Pujalte, a través de Sirga XXI Consultores.
La Fiscalía acusa a Pujalte por los delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho, presuntamente cometidos mientras era parlamentario, según fuentes judiciales. El Ministerio Público ha presentado la denuncia -que tiene el visto bueno de la Fiscalía General del Estado- en el Juzgado de Instrucción nº5 de Valladolid, que se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional. El escrito habla de pagos simulados a diferentes empresas por trabajos inexistentes.
Pagos injustificados
Dos décadas después de su entrada en las Cortes, Martínez Pujalte dejó de concurrir en las listas del Partido popular de cara a las últimas elecciones generales del pasado 20 de noviembre. La formación renunció a su nombre a raíz de las informaciones según las cuales habría cobrado 75.000 euros entre 2008 y 2009 de la constructora Collosa, que contrataba con la administración pública. Dichos ingresos se justificaron como asesoramiento, pero la Fiscalía manifestó que "no se aportan los informes que hubieran podido realizar" y que "el asesoramiento era verbal". La empresa Collosa recibió entre 2006 y 2013 ingresos por contratos por valor de 134 millones de euros.
Entre las empresas que habrían pagado comisiones a Pujalte figura Marcenado Economistas, de Ricardo Romero de Tejada, exsecretario general del PP en Madrid. También Scardovi, propiedad de Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui, exdiputados de la misma formación investigados en la Audiencia Nacional por cobro de comisiones; la Confederación Empresarial de Madrid, la Confederación Regional Empresarial de Extremadura y el Consejo Económico y Social de Extremadura o Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres.