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Investigan al juez que informó sobre Rosell por unas grabaciones

El CGPJ intenta determinar si el juez que sustituyó a Rosell ofreció ventajas procesales a cambio de declarar contra la exdiputada de Podemos.

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Investigan al juez que informó sobre Rosell por unas grabaciones
Victoria Rosell con Pablo Iglesias | EFE

El Consejo General del Poder Judicial, encargado del control disciplinario sobre jueces y magistrados, va a investigar al sustituto de la profesional en excedencia y política de Podemos, Victoria Rosell, al frente del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas. Esta decisión se produce a raíz de una grabación que han trascendido a los medios de comunicación. Reproduce una conversación entre el actual titular del juzgado y el empresario Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la UD Las Palmas imputado al que Rosell habría favorecido en el procedimiento penal que instruye ese órgano. De deducirse que hay delito el asunto será remitido a la Fiscalía.

El Tribunal Supermo abrió el pasado 26 de abril una investigación a la magistrada ahora en la formación morada por presuntos delitos de retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho. Nacerían del presunto interés de Rosell en dilatar el proceso al empresario que mantenía negocios con su marido, Carlos Sosa.

El CGPJ intentará determinar si de la conversación entre el juez sustituto Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se desprende la comisión de infracciones. Según el instructor, la reunión se produjo a petición del empresario imputado, que insistió mucho en la importancia de mantener un encuentro extrajudicial. En la grabación queda patente cómo el presidente de la UD Las Palmas dirige el diálogo: primero se presta a constatar las trabas que Victoria Rosell habría puesto en su procedimiento por la relación que mantenía con su marido -le dice incluso que confesará en una futura declaración que llegan a pactar-; y a cambio quiere sacar una ventaja procesal, es decir, ver rebajada su condena.

Ese encuentro ha derivado finalmente en una trampa al juez Salvador Alba. Al parecer, ha sido el propio empresario Ramírez quien ha filtrado la grabación que deja en una situación comprometida al instructor de su causa, puesto que también se escuchan insultos que profiere contra su colega Victoria Rosell.

No le ofreció favores

Salvador Alba ha contestado a las acusaciones y a la grabación a través de un comunicado. El magistrado ha negado el ofrecimiento de favores judiciales al presidente de la UD Las Palmas para acabar con la trayectoria de la juez en excedencia, tal y como recoge el escrito que ha presentado Miguel Ángel Ramírez en se ha publicado el propio Juzgado de Instrucción nº8 de Las Palmas. Alba ha asegurado que "nunca" ha tenido encuentro privado "de ninguna clase con el investigado don Miguel Ángel Ramírez, y que los mismos han sido en todo caso públicos y en sede judicial".

Sí ha reconocido que mantuvo una suerte de declaración previa a la que en un futuro habría de prestar Ramírez en sede judicial. Alba ha explicado que se celebró en el despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y que el imputado acudió acompañado de su abogado. Posteriormente, "se produjo su emplazamiento para prestar declaración en la causa que se sigue en su contra".

"En ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell por parte de quien suscribe, ni consta en el procedimiento en cuestión que Miguel Ángel Ramírez impute actividad irregular alguna a Victoria Rosell, a la que en su declaración ni menciona", ha apuntado el magistrado en su comunicado.

Tal es la evidencia que subraya el magistrado de que no le ofreció favores judiciales que fue el mismo Alba quien impulsó este procedimiento cuando aterrizó en el juzgado. Ha llegado incluso a imponer una fianza de 17 millones de euros y ordenar una completa investigación patrimonial a Miguel Ángel Ramírez.

Caso de Victoria Rosell

Investigar a un acusado de corrupción y colaborar paralelamente con sus negocios. Es la sospecha sobre el comportamiento de Victoria Rosell como instructora de la causa contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Ya lo denunció ante el CGPJ la fiscal Evangelina Ríos, que trata de dilucidar si la juez, ahora en excedencia, dirigió la causa mientras su marido, el periodista Carlos Sosa, negociaba la venta de una licencia de radio al propio investigado, algo que debería haber obligado a Rosell a abstenerse de seguir al frente de la instrucción.

El Gobierno canario prohibió al presidente de la UD Las Palmas continuar con las emisiones de radio del club en la frecuencia 93.8 FM al carecer de autorización. Según explican fuentes de la investigación, de esta práctica surgían importantes contratos publicitarios. Sin embargo, Miguel Ángel Ramírez buscó la alternativa en un acuerdo con Carlos Sosa, que cedió la prestación de servicios en otra emisora para que el directivo la explotase. El montante de la operación supera los 300.000 euros. Tres días después de la rúbrica, el pasado 26 de octubre, Victoria Rosell se incorporó a las listas de Podemos en Las Palmas para las próximas elecciones generales.

Extraños retrasos

La fiscal denunció ante el CGPJ a principios de 2015 extraños retrasos en la instrucción encabezada por Victoria Rosell. En esta pieza de la investigación en torno al presidente, la representante del Ministerio Público trata de averiguar hasta qué punto tuvo que ver con los negocios de Miguel Ángel Ramírez y su marido. La causa investiga delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, que le reclama 13 millones de euros. El presidente de la UD Las Palmas ya fue condenado a tres años de cárcel por construir de forma ilegal varias infraestructuras sobre una zona protegida, aunque recibió el indulto del Tribunal Supremo. Una segunda condena supondría su ingreso inmediato en prisión.

Las pesquisas actuales recayeron por reparto sobre la juez Victoria Rosell. Se investigan acciones desarrolladas entre 2008 y 2013, por las que se ha solicitado documentos sobre el pago de dietas a sus empleados. Miguel Ángel Ramírez es propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria, la mayor compañía de seguridad de las islas con 5.500 trabajadores en toda España. Transcurrido el plazo para presentar la documentación, la juez enrolada en las filas de Podemos aprobó una ampliación al entender que no le había dado tiempo a recopilar los archivos. A través de varias decisiones denunciadas por la representante de la Fiscalía, este paso se ha ido retrasando de forma que los documentos aún no han llegado al Juzgado.

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