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El juez acepta a Podemos, Rodríguez Menéndez y Diego Torres como acusación de Manos Limpias y Ausbanc

No tendrán que pagar fianza porque existe "convergencia de intereses" y, como tal, están legitimados para personarse.

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El juez acepta a Podemos, Rodríguez Menéndez y Diego Torres como acusación de Manos Limpias y Ausbanc
Iglesias, Torres y Rodríguez Menéndez | Archivo

El juez Santiago Pedraz ha dado el visto bueno a la curiosa terna que conformará la acusación popular en la investigación de los presuntos chantajes de Manos Limpias y Ausbanc. La representación, es decir, la voz cantante será cometido de Podemos, puesto que el partido de Pablo Iglesias fue el primero en formular la petición. A su lado formarán el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, al frente de su Asociación Pro Justicia sigo XXI; y el letrado de Diego Torres -exsocio de Iñaki Urdangarin acusado en el caso Nóos- Manuel González Peeters.

El instructor de la Audiencia Nacional esgrime una reflexión para no imponer fianza a las partes, de acuerdo con la Fiscalía. Existe "una convergencia de intereses" por la "absoluta" integración entre los elementos objeto de la investigación y la posición de quienes pretenden ejercer la acusación. Pedraz concluye que los tres agentes tienen un "denominador común" y su interés es que "se haga o imparta justicia".

La venganza de Podemos

Podemos ha sido el blanco de Manos Limpias en no pocos procedimientos judiciales que ha impulsado el sindicato. La mayoría de ellas han terminado archivadas en una carpeta, aunque han conseguido la repercusión mediática previsible. La formación morada ha encontrado ahora la oportunidad de servir la venganza en frío, encabezando la acusación popular contra el colectivo de Miguel Bernad.

A lo largo de su trayectoria como sindicato "en defensa del interés general", Manos Limpias había presentado una serie de querellas contra miembros de Podemos. Poco antes de la detención de su líder en la denominada Operación Nelson, el colectivo procedió en el Tribunal Supremo contra los principales dirigentes de la formación -Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero- por una supuesta financiación ilegal del Gobierno venezolano y del régimen iraní. En el mencionado texto se les acusaba de asociación ilícita, organización criminal, financiación ilegal o delitos contra la Hacienda Pública entre otros delitos.

Caso de Rodríguez Menéndez

Llama la atención que un prófugo de la justicia se siente como acusación para imponerla, salvo si es el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez. Es el nombre del letrado que se convirtió en una celebridad por su modelo de conducta: en 2005 fue condenado a prisión por fraude fiscal, pena que evitó fugándose a Argentina hasta un año después, cuando fue capturado en un viaje de incógnito a España. Sin embargo, en 2008 disfrutó de un permiso carcelario del que jamás volvió, fugándose de nuevo al país sudamericano.

Había formado en 1995 el Partido Socialista de la Justicia, una formación política que se presentó a distintas elecciones municipales –logró concejales en Las Rozas (Madrid) y La Línea de la Concepción (Cádiz)- y que fue desaprobada años ha por la Junta Electoral. En su carrera como abogado, ha defendido a procesados como el Dioni o del yerno de Rocío Jurado, Antonio David Flores.

Rodríguez Menéndez regresó a España en 2014 con sus delitos prescritos, también la condena por difundir el polémico vídeo de Pedro J. Ramírez. Se instaló en Madrid y abrió un despacho de abogados desde el que se ha dedicado a imitar en muchos casos la labor que ejercía Manos Limpias como acusación popular en múltiples frentes judiciales.

Manos Limpias y Nóos

Se embarca en la acusación popular, en tercer lugar, el exsocio de Urdangarin que se habría situado al frente de la trama Nóos, por la que está siendo juzgado. Diego Torres estará representado por su célebre abogado, Manuel González Peeters, que también actuará en nombre de la Mujer, Ana María Tejeiro; las entidades Instituto Nóos y Fundación Deporte, Cultura e Integración Social; y las sociedades Virtual Strategies, Shiriaimasu e Intuit Strategy Innovation Lab, todas envueltas en la causa de Palma.

Manos Limpias ha copado titulares del caso Nóos por su acusación en solitario a la infanta Cristina, pero también ejerce acciones contra el resto de los procesados, entre ellos Diego Torres. En el desarrollo de la vista en Baleares, González Peeters ha solicitado en dos ocasiones la expulsión del sindicato como parte porque, según su criterio, la investigación en la Audiencia Nacional acredita que está defendiendo "intereses espurios". Sin embar, el Tribunal ha desestimado sendas reclamaciones.

En el auto en el que el juez Santiago Pedraz envió a prisión incondicional a los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, expuso una de las sos pechas con más recorrido y relacionada con Nóos. Al parecer, Pineda intentó negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina a cambio de tres millones de euros. Por el contrario, Bernad replicó que fue la defensa de la hermana del Rey quien intentó negociar la redención por la misma cantidad.

Investigación en la Audiencia Nacional

Los máximos representantes de Ausbanc y Manos Limpias cimentaron una "organización criminal". El juez Santiago Pedraz se alineó en la versión que sostiene la Fiscalía. Detecta "motivos bastantes" para creer que se cometieron una retahíla de delitos: Bernad de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; y Pineda de esos tres más estafa, administración desleal y fraude en las subvenciones.

Pedraz dibujó en su auto un primer esquema de la red. Según el juez, Luis Pineda dirigía la estructura "cuya finalidad última era la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros". Utilizando el supuesto objetivo de Ausbanc, la defensa de los consumidores, presionaba a aquellas entidades contra las cuales debería luchar. En lo concreto, presionaba a los bancos para "llevar a cabo determinados acuerdos económicos enmascarados como convenios publicitarios", explica el instructor. El dinero de Ausbanc procedía también del cobro de subvenciones en su condición de asociación sin ánimo de lucro y de las aportaciones de los asociados.

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