En un texto enviado a Confidencial Andaluz la exconcejala señala que en junio de 2014, la misma Fiscalía que ha "organizado" la Operación Nazarí contra los altos cargos municipales del PP, fue la que propició el Auto de Archivo de las Diligencias de investigación abiertas en el Juzgado de Instrucción nº 6 contra algunos miembros del Partido Socialista de Armilla, denunciados, claro está , por el PP.
Y añade: "El juez instructor, en un acto de impotencia, entendió que era inviable continuar con la instrucción pese a existir indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, con un Ministerio Fiscal que se empeñaba en el archivo. La fiscal solicitó el archivo, según el propio Juez mediante un escrito nada menos que de 24 páginas "farragosas y discutibles".
La exconcejal popular que cree que más que Operación Nazarí lo que ha hecho la Fiscalía debería llamarse "el caso Conde de Montecristo" por haber metido en una coctelera las envidias de unos funcionarios hacia otros, la miseria de un matador de pollos aspirante a promotor, la rabia de algún especulador arruinado, la ansiedad de una fiscal hacia el estrellato, bien aliñado todo con las malas hierbas aromáticas de los partidos políticos... et voilà: ya tenemos el marco perfecto para montar la perfecta macrocausa que nos lleve al fin perseguido: quitar de en medio al alcalde de Granada".
Informa además de que en casa del alcalde de Granada o de la concejal, sólo encontraran 1.500 euros; que no tenían cajas de seguridad en los bancos ni cuentas en paraísos fiscales; que tuvieron que devolver su tablet al alcalde porque sólo habían encontrado fotos de sus nietos.
Es más, acusa a la Fiscalía de estar "ofreciendo tratos a todo aquel funcionario que tenga alguna queja a nivel personal en los últimos 12 años. Y que algunos van a aprovechar su momento". Detalla además que es la misma Fiscalía la que se niega a abrir diligencias de investigación contra uno de ellos, Jacobo de la Rosa, funcionario de Granada denunciado por un patrimonio injustificable".
Nieto considera lo que está ocurriendo como "claro síntoma de parcialidad" y se pregunta dónde están las pruebas objetivas. Además expone: "Queda por saber si los ordenadores que fueron trasladados sin autorización judicial se encuentran precintados o han podido ser abiertos sin la presencia de las partes, como establece la ley". Y termina diciendo que "estas estrategias no son acordes con los principios de legalidad e imparcialidad, que deben imperar en un fiscal. No respetan la presunción de inocencia y producen una gran indefensión en los afectados. Como decía el Juez a la misma Fiscal en el caso de Armilla, "vencerás, pero no convencerás".