Cuando se declara un responsable principal en una sentencia, en ocasiones se añade la figura del responsable civil subsidiario. Hace las veces del culpable secundario, es decir, el que redimirá la sentencia –normalmente monetaria- en caso de incapacidad del principal.
El juez José de la Mata designó el reparto de papeles en la investigación por la presunta financiación ilegal del Partido Popular a través de la célebre contabilidad opaca o caja B. Entonces consideró que había que juzgar como responsables directos a los extesoreros de la formación Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; al exgerente Cristóbal Páez y a los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó la sede nacional del PP: Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero. También quiso sentar en el banquillo al grupo político en su condición de persona jurídica y como responsable civil subsidiario por financiarse irregularmente desde "1990 hasta, al menos, el año 2008".
El Partido Popular ha recurrido este jueves la fianza civil de 1,2 millones de euros que el juez de la Audiencia Nacional le ha impuesto en su calidad de responsable civil subsidiario. Según la formación de Mariano Rajoy, se le ha requerido el 100% del pago de la responsabilidad civil –la reparación del daño causado a las arcas públicas- sin conocer cuál es la solvencia de los demás responsables civiles. La reclamación del PP es sencilla: critican que el juez se quiera cobrar la fianza a su costa saltándose el paso de los responsables directos.
Solvencia suficiente de los responsables
"Esta parte no comprende por qué se requiere al Partido Popular para que preste fianza por 1.245.154 euros, cuando este, como responsable civil subsidiario, debe responder únicamente de la cuantía que quede por cubrir una vez se haya procedido contra los bienes de los acusados, responsable directos y solidarios", reza el recurso que el Partido Popular ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción nº5. Su titular efectuó el requerimiento detallando que las fianzas no habían sido totalmente cubiertas por los acusados.
El recurso del PP recoge las cantidades de las fianzas impuestas: a Lapuerta y Bárcenas sendas cauciones de 8,9 millones, a Páez otra de 7,4, y a Unifica una de 4,5, aunque el juez luego rebajó dichas cuantías en 577.249 euros por acusado. Según el grupo, todos ellos han acreditado una "solvencia superior" a la cantidad que se le reclama y los 1,2 millones que de la Mata exige al responsable subsidiario en realidad han de ser abonados por los principales: "Lo contrario, supondría un afianzamiento exorbitado que nunca podrá hacerse efectivo en fase de ejecución de sentencia puesto que supondría un enriquecimiento injusto de la Administración".
A continuación, pasa a demostrar la capacidad económica de los principales acusados. Hace referencia a las 320.000 acciones de una inmobiliaria y a un inmueble con un valor catastral de 1,64 millones de euros propiedad de Lapuerta que dispararían su patrimonio por encima de los 4 millones. En relación a Bárcenas, advierten de que el juzgado se "contradice" cuando dice que sus bienes se encuentran embargados, pero en otra resolución posterior indica que "este señor ha asegurado una parte de las responsabilidades exigidas".
Por último, señala que Páez ha empleado acciones en garantía de su fianza por importe de 455.370 euros y la empresa Unifica Servicios Integrales ha ofrecido bienes valorados en 10,9 millones para cubrir las cantidades exigidas al despacho y a sus trabajadores Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.
Como conclusión, el Partido Popular solicita a de la Mata que suspenda el plazo de diez días que había habilitado para que la formación depositara los 1,2 millones de euros de fianza civil. Cree que ha cometido un "error" en el cómputo de la responsabilidad civil, que "debería haber sido reducida en 432.936 euros".
La financiación irregular del PP
Según el juez, el Partido Popular "habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública una cuota de, al menos, 220.167,04 euros", al "alcanzar indiciariamente el total de las donaciones presuntamente recibidas por el partido en 2008, registradas en los soportes contables opacos y no sujetas por tanto a los criterios de transparencia legalmente exigidos, la cuantía de 1.055.000 euros".
Entendió también que la formación popular era responsable civil subsidiaria del delito de fraude fiscal que se cometió en relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, en el que la empresa Unifica no declaró 1.024.987 euros que cobró en negro por las obras de remodelación de la sede central de los 'populares', en Génova, 13. Con ello, el grupo se habría nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar "gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido".