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Matas, en Nóos: "Nadie imaginaba que se estaban desviando fondos"

El expresidente balear ha reconocido que contrató a Nóos de forma arbitraria, pero niega la malversación.

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Matas, en Nóos: "Nadie imaginaba que se estaban desviando fondos"
Jaume Matas | EFE

Jaume Matas ha reconocido que como presidente del Gobierno balear favoreció a las empresas de Iñaki Urdangarin. Sin embargo, su defensa ha manifestado este viernes que ni el exdirigente autonómico "ni ningún ciudadano español podía imaginar que se estaban desviando fondos públicos" cuando ordenó la contratación del Instituto Nóos para la celebración de los denominados Illes Balears Forum o el patrocinio del equipo ciclista de las islas.

Son los argumentos con los que el abogado José Zaforteza ha intentado desmontar la acusación a Matas en relación al delito de malversación: "Para ello se exige el ánimo de lucro en el momento de contratar, y no fue así", ha subrayado el letrado en su informe final, donde ha hecho especial hincapié en la condición de Nóos como fundación sin ánimo de lucro, sobre el papel. La Fiscalía Anticorrupción reclama cinco años de cárcel para el exdirigente popular, que se ha visto favorecido por dos atenuantes al haber asumido parte de los delitos que se le imputan y haber reparado los daños económicos a las arcas públicas mediante la venta de su palacete en Palma.

El abogado de Matas ha aludido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para poner de relieve que solo es posible condenar por malversación cuando la contratación en cuestión "no atendía a una finalidad pública, el evento no se realizó o éste tenía en realidad un precio notablemente inferior". Según el criterio de la defensa, "parece que libre y alegremente" el exministro ordenó contratar Nóos, algo que "no es así: es presidente de una Comunidad Autónoma que vive del turismo, a la que Valencia le estaba ganado la batalla en este sentido".

De hecho, ha añadido que la iniciativa de contratar a la Fundación de Urdangarin y Torres no nació de Matas, sino de su entonces director general de Deportes, José Luis Pepote Ballester, también en el banquillo de los acusados. Fue entonces, según Zaforteza, cuando el expresidente balear convocó una reunión en el Consolat de Mar, la sede del Gobierno regional, para pactar las bases del certamen con los dos exsocios.

Condenado en el Palma Arena

Al término de su discurso, el letrado ha recalcado que el exdirigente autonómico lleva ocho años investigado en el marco del caso Palma Arena, sigue sometido a medidas cautelares -tiene retirado el pasaporte-, le fue registrada su vivienda, tenía un trabajo en el extranjero "del que fue desposeído", ha mostrado una actitud de colaboración con la justicia y ha realizado "un esfuerzo ingente para reparar el daño", circunstancias que, en su opinión, deben ser tenidas en cuenta a la hora de modular la pena a imponerle.

Frente a las penas que solicitan las acusaciones, la defensa reclama que Matas sea condenado a siete meses y medio de cárcel al admitir que éste incurrió en delitos de prevaricación y fraude como autor directo, con la aplicación de las atenuantes de confesión y reparación del daño.

La Fiscalía apunta a la "farsa orquestada" por el expresidente para posibilitar la contratación a dedo del Instituto Nóos y beneficiar de este modo a sus responsables con hasta un total de 2,6 millones de euros públicos.

A juicio del Ministerio Público, el papel que ejerció Matas fue decisivo para que el Ejecutivo autonómico destinase de forma fraudulenta 1,2 millones de euros a la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones al segundo (2006); 54.520 al seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; 174.000 a la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y 116.566 a la elaboración de material promocional del Illes Balears.

Según el fiscal, los contratos y convenios de colaboración rubricados fueron "fruto de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa y omitiendo intencionadamente el procedimiento administrativo correspondiente".

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