Los sucesivos episodios de corrupción que han salpicado a Ángel Ojeda han conducido a la fundada hipótesis de que el exconsejero de Hacienda de Andalucía amasó unos 33 millones de euros en subvenciones públicas para cursos de formación de las que se beneficiaron sus empresas gracias a su preferente posición política. Han pasado cerca de dos años desde que la instructora originaria de la trama, Mercedes Alaya, enunciara esta conclusión. La juez que se encarga ahora de las pesquisas, María Núñez Bolaños, se ha decidido a indagar en las diferentes cuentas bancarias y los movimientos de fondos al extranjero del grupo Prescal y otras empresas, asociaciones o fundaciones relacionadas con quien fuera miembro de Gobierno autonómico.
Núñez Bolaños ha delegado esta labor en un interventor de la Junta. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla persigue un informe "sobre si existe trasvase de capitales" entre las firmas vinculadas a Ojeda. Esta actuación se enmarca en el impulso a la causa que está desplegando desde que dividiera la causa el pasado diciembre en nueve piezas. Como aventuró la juez Alaya, el troceo ha precipitado el cierre de algunas piezas con conductas que, pudiendo ser prevaricación-malversación se han convertido en meras irregularidades administrativas.
Desvío de fondos
Según la investigación, las empresas integradas en el Grupo Prescal, vinculado a Ángel Ojeda, recibió por parte de la Consejería de Empleo la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él". La juez dice que existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al exconsejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo, existiendo además una contratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".
En esta pieza, además de la actuación de Ángel Ojeda, se investigan la de otras 13 personas, entre ellas al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. El pasado día 11 de abril, el exconsejero de Hacienda compareció en la comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude a las ayudas de la formación, donde indicó que, "sin querer señalar a nadie", existe una "coincidencia" entre el centenar de detenciones por parte de la UDEF en los cursos de formación y la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía tan solo un mes después.
Asimismo, Ojeda defendió que todo lo que ha hecho en su vida ha sido "legal", llegando a definirse como un ciudadano "casi ejemplar", y denunció que tras su detención por la Policía fue tratado "como si de un terrorista o un narcotraficante se tratase" y que durante los últimos 18 meses ha sido víctima de una campaña de "difamación brutal".