Como se esperaba, la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz ha dado por terminados sus trabajos y se apresta a pasar el verano encontrando conclusiones. Se trataba, recuérdese, de hallar las responsabilidades políticas de un caso que implicaba a la Junta de Andalucía en las ocho provincias andaluzas, a numerosos personajes vinculados al PSOE andaluz y a un modo irregular de conceder subvenciones, exonerar de su justificación a muchos y de controlar en gran medida el mercado de trabajo, o mejor dicho, el mercado del paro y sus votos. Han estado afectados globalmente 3.000 millones de euros.
Hoy mismo cuenta La Razón el caso de un "cazasubvenciones" que recibía dinero de la Junta, de su Servicio de Empleo pero asimismo de la Fundación laboral de la Construcción, donde CCOO y UGT están presentes junto a su patronal. Hasta 1,22 millones de euros apañó el susodicho en subvenciones que se le daban "inexplicablemente año tras año tanto en Huelva como en Sevilla, sin que se justificaran las anteriores", dice el informe policial.
Pero para PSOE, Ciudadanos –en otro servicio impagable al régimen- e Izquierda Unida, en este caso separada de Podemos, el caso político se ha acabado. Como ya profetizara la juez Alaya, en cuanto el ovillo se deshilache en casos aislados unos de otros, se perderá de vista la trama para que todo quede en irregularidades administrativas. Ese ha sido el camino de la juez Núñez Bolaños y va a ser el camino que adopte la Comisión de Investigación.
Aunque PP y Podemos quieren una nueva ronda de comparecencias, PSOE, Ciudadanos e IU se oponen a tal propósito y van a poner fecha final a los trabajos de la Comisión para que haya cuanto antes un dictamen después del verano.
El Mundo cree que será en septiembre cuando se cierre definitivamente la segunda comisión de investigación en la Cámara autonómica en los últimos cuatro años. O sea que se cierra sin las comparecencias que faltan y sin disponerse de toda la documentación solicitada. Por ejemplo, no ha comparecido el ex gerente de la Fundación Forja XXI, Juan José Ruiz Márquez, un hombre clave de la tela de araña andaluza del PSOE, cuñado del ex consejero de la Junta y ex vicesecretario general del PSOE andaluz, Luis Pizarro, gran jefe del clan de Alcalá, que no lo ha podido hacer por enfermedad.
Nada ha importado. La Comisión se pondrá a elaborar conclusiones que previsiblemente no serán consensuadas como ya ocurrió en el caso de la Comisión de los ERE.
El PP quería que compareciera la mano derecha de Susana Díaz y consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y los ex responsables de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), clave del arco de las colocaciones político-familiares del PSOE andaluz, entre otros.
Podemos considera una "tomadura de pelo" que no se haya citado a alumnos y formadores. Sólo compareció un alumno dio detalles de las irregularidades de su curso sobre elaborador de productos cárnicos.
Cuenta ABC que fue visible la molestia del PP cuya portavoz, Teresa Ruiz-Sillero, calificó el "carpetazo" como "falso y precipitado". Susana Díaz debería haber vuelto a comparecer para explicar que "ni eran cuatro golfos los de los ERE, ni son cuatro tiesos los de la formación. Podemos ha tildado de "alucinante" el cerrojazo porque ha denunciado que el 70 por ciento de la información que ha solicitado ni siquiera ha llegado.
Naturalmente, el PSOE, aferrado a su salvavidas judicial anunciado por la juez Bolaños, considera que no hay ninguna trama y sí un procedimiento supervisado por la intervención. Ciudadanos cree que ya tiene material suficiente para elaborar conclusiones si bien no ha adelantado cuáles son. Izquierda Unida ve claro que hay responsabilidad política directa en segundos niveles, viceconsejeros y directores generales e indirecta de los presidentes de la Junta.