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El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja por las detenciones en el Ayuntamiento de Granada

En su queja, la exconcejala Nieto dice que no se cumplió la Ley de Enjuiciamiento Criminal y critica el "desembarco de 200 policías".

(Sevilla)
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El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja por las detenciones en el Ayuntamiento de Granada
El exalcalde de Granada, José Torres Hurtado | Europa Press

El Defensor del Pueblo, Soledad Becerril Bustamante, ha admitido a trámite la queja elevada el pasado día 26 de mayo por la exconcejala del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, con el fin de denunciar la vulneración de la Constitución que tuvo lugar en las detenciones y desalojos del pasado mes de abril en los domicilios y el Ayuntamiento de Granada.

Aunque no se ha encontrado referencia pública alguna de esta admisión a trámite en la institución, Confidencial Andaluz, el digital que ha publicado los cuatro artículos que sobre el tema ha escrito la exconcejal de Urbanismo imputada así lo afirma.

El día 13 de abril de 2016, un operativo de 200 policías detuvo al alcalde de Granada, José Torres y desalojó el edificio de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada gobernado por el PP. El objeto de tan llamativa y anómala medida era que le fueran entregados el expediente de licencia de obra menor y el de primera ocupación del local de oficinas en la calle Tórtola, "con especial interés en los informes obrantes relativos a la posibilidad de usar o no el patio".

La conocida como Operación Nazarí, conllevó la detención en su domicilio del alcalde popular de Granada en su casa, con las cámaras de La Sexta y otros medios de comunicación advertidos, lo que provocó un gran escándalo nacional y conllevó, al final, la pérdida de la alcaldía que Ciudadanos entregó al PSOE con la desafortunada actuación de la dirección andaluza del PP, que permitió el sacrificio de Torres e incluso de su "hombre" en Granada, Sebastián Torres, para al final no conservar la alcaldía.

Todo ello motivó que la exconcejala Nieto presentara su queja ante el Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, por la que consideraba una clara vulneración de derechos constitucionales con motivo de la operación desplegada por la Policía el pasado 13 de abril en la ciudad de Granada. El documento de la queja puede leerse aquí.

En su queja, Nieto, que se encuentra imputada en la causa que se sigue desde el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Granada, explica los detalles de la operación policial y afirma que el auto que autorizaba la entrada y registro de domicilios advertía que "dicho registro deberá llevarse a cabo en la forma y manera que detalladamente regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal", y a su juicio, a ley no fue cumplida.

Es más, añade en su queja que "el montaje y la espectacularidad de la actuación mediante un desembarco de 200 policías que se desplazan desde Madrid para tomar armados los domicilios de personas desarmadas, cortando previamente las calles de la ciudad y evacuando a cientos de funcionarios de los edificios municipales, de forma similar a las emergencias por terrorismo, es contrario a la Ley".

Según la exconcejala, se ha montado una macrocausa judicial mezclando un patio del año 2012, con los aparcamientos del alcalde Moratalla del año 2000, con una residencia de estudiantes que no se ha construido o con la urbanización de un plan parcial de la zona norte de la ciudad.

La queja, en la que discrepa abiertamente de la actuación judicial y la de la Fiscalía, dice que "la vulneración de la Constitución se ha producido el día 13 de abril de 2016. Y la dignidad y el honor nunca se recuperarán". Y se pregunta: "¿Pueden desembarcar 200 policías armados desde Madrid para esto?".

La queja concluye con un deseo: "Es posible que dentro de 6 o 7 años conozcamos la noticia de que se archivan las diligencias previas por no encontrarse delito alguno… La intervención del Defensor debe dirigirse a evitar que en un futuro se repitan estas circunstancias, requiriendo a las instituciones responsables a efectos de que se abstengan en el futuro de llevar a cabo actuaciones injustificadas, desproporcionadas, innecesarias y sobre todo anticonstitucionales, recuperando el respeto a la Constitución y demás normas que la desarrollan, respetando nuestro estado de derecho".

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