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La Fiscalía pide al Supremo que abra causa contra Rita Barberá por blanqueo

Considera que estando imputados todos los concejales sería incoherente no juzgar a la senadora.

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Los vínculos entre Rita Barberá y la presunta corrupción regresarían tarde o temprano a los titulares de los periódicos. El futuro judicial de la exalcaldesa de Valencia permanece en manos del Tribunal Supremo, el organismo al que el juez del caso Imelsa elevó el pasado mes de abril una exposición razonada donde pedía la imputación de la lideresa por un presunto delito de blanqueo de capitales. La Fiscalía ha solicitado este viernes al Alto Tribunal, en el que Barberá está aforada, que abra causa contra la actual senadora del Partido Popular.

Rita Barberá aparece en la pieza separada del caso Imelsa, cuyo grueso instruye el Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia. Esta vertiente mantiene a 47 personas imputadas, entre ellas todos los concejales del equipo de la exalcaldesa, más el PP como persona jurídica. Se investigan donaciones de 1.000 euros efectuadas por miembros del Ayuntamiento para lavar dinero que presuntamente tendría su origen en comisiones irregulares de tramas de corrupción.

El pitufeo de Imelsa

El juez del caso Imelsa consideró que, habiendo reconocido la exalcaldesa que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al Tribunal Supremo, por ser el único competente para investigar y, en su caso, juzgar a la senadora nacional.

Señaló el juez, no obstante, que ni las dos investigadas (imputadas según la terminología anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta respecto a la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos objeto de investigación.

En su escrito, sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP e incide en la relación de la senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.

Barberá, apunta el juez, era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del Grupo Municipal. Existía, además, una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, quien en su declaración judicial se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero.

Silencio significativo y dinero opaco

El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Sobre este extremo, explica que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal" "son muy anteriores en el tiempo", pero considera "significativo" el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció a Barberá declarar. La senadora presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, y niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.

El juez concluyó su escrito dirigido al Tribunal Supremo dando cuenta del estado de la causa respecto al exconcejal Miquel Domínguez, que también habría efectuado la aportación de 1.000 euros. En la actualidad, Domínguez es diputado autonómico y, por tanto, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. Domínguez, como hiciera Barberá, ha rehusado la invitación para declarar voluntariamente pero ha presentado un escrito de alegaciones.

La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del "Caso Imelsa", en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

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