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A juicio Guillermo Zapata por humillación a las víctimas de ETA

El concejal de Ahora Madrid publicó un mensaje ofensivo en la red social Twitter con mofas de las niñas de Alcácer e Irene Villa.

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A juicio Guillermo Zapata por humillación a las víctimas de ETA
Guillermo Zapata, concejal de Cultura | EFE

Guillermo Zapata irá a juicio acusado de humillación a las víctimas de ETA. El concejal de Ahora Madrid se sentará definitivamente en la Sección Tercera de la Audiencia Nacional. La asociación Dignidad y Justicia pide para él un año y ocho meses de cárcel por un mensaje que publicó en la red social Twitter, con contenido manifiestamente ofensivo. El juez que instruyó el caso, Santiago Pedraz, lo archivó hasta en tres ocasiones por no apreciar conducta delictiva; pero la Sección Segunda de lo Penal -compuesta entre otros por los jueces afines al PP, Enrique López y Concepción Espejel- forzó la reapertura. El tercer miembro de dicho órgano, José Ricardo de Prada, emitió un voto particular en sentido contrario a sus compañeros.

De acuerdo con la Fiscalía, el juez Pedraz entendía que "los hechos no son constitutivos de delito". Pero el colectivo de las víctimas interesó la apertura de juicio contra el edil por "haber injuriado y calumniado a través de su perfil @casiopeaexpres en Twitter, incitando con sus manifestaciones a la violencia al conjunto del pueblo español, en un claro ánimo de perturbar el correcto ambiente social, inculcando ideologías radicales". Añade que "el imputado incitaba a timar el poder a bandas terroristas y a mancillar y humillar a sus víctimas de manera jocosa". Dignidad y Justicia cree que Zapata "humilló y vejó a las víctimas del terrorismo, así como otros mensajes que suponen una clara incitación al odio, hacia víctimas como los judíos, Marta del Castillo o las tres niñas de Alcácer asesinadas en 1992.

En concreto, la Justicia analizará el comentario que Zapata escribió el 31 de enero de 2011 desde su perfil personal:

"Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos"

Hace referencia, por un lado, al crimen de Alcácer: el secuestro, violación, tortura y asesinato de Míriam, Toñi y Desirée, tres niñas de catorce y quince años del municipio valenciano que nombra al caso. Las niñas desaparecieron en noviembre de 1992 y sus cadáveres aparecieron semienterrados dos meses más tarde. La investigación apuntó a dos responsables: Miguel Ricart, condenado a 170 años de prisión de los que cumplió solo 21; y Antonio Anglés, en paradero desconocido desde entonces.

Por otro lado, alude a Irene Villa, víctima de un atentado de ETA en octubre de 1991, cuando tenía doce años. Por culpa de la explosión de un coche bomba en la calle Camarena del barrio de Aluche (Madrid), perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda.

Debate jurídico

Según la Sección Segunda, salvo el voto particular, la frase de Zapata puede humillar objetivamente a las víctimas del terrorismo. En contra y siguiendo el informe del Ministerio Fiscal, Pedraz defiende que "no hay víctima a la que se pueda humillar", dado que Irene Villa manifestó no sentirse vejada con los chistes sobre su discapacidad; ni "la necesaria reiteración para sobrepasar los límites de la libertad de expresión". Según el juez de instrucción, "por mucho que una mayoría crea que unas palabras sean humillantes, no por ello han de constituir un delito".

Pedraz protagonizó un duro alegato en su último intento de archivo del caso: "Nos encontramos, pues, ante una frase sin intención de humillar a las víctimas. Se trata de palabras que no pueden por tanto criminalizarse, a salvo de las dictaduras que criminalizan las palabras como si fuesen hechos y no distingue entre ellas". Pedraz justifica que el mensaje solo ofendió a unos y que "no existe un derecho a no ser ofendido". "En definitiva, estamos dentro de los límites de la libertad de expresión" apuntó el magistrado. Según el juez, estos casos se pueden convertir en ejemplarizantes para otras personas dando lugar a la autocensura. Y lo que es peor, a ello habrá contribuido un poder judicial que no cumple su función constitucional al retroceder el derecho en favor de una justicia material, que no legal".

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