La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya posibles conductas con consecuencias penales en las manifestaciones con motivo de la Diada en Barcelona. El departamento que dirige Javier Zaragoza ha recibido los atestados de los Mossos d’Esquadra en relación a varios altercados que han publicado las redes sociales y la prensa desde el pasado domingo. Por ejemplo, el momento en que simpatizantes antisistema prenden fuego a imágenes con el rostro del Rey Felipe VI, en cuyo dorso figura una página de la Constitución Española.
El Ministerio Público habla en un primer momento, como adelantó este lunes Libertad Digital, de "calumnias al Rey y otros delitos conexos". El Código Penal prevé para este delito penas de prisión de entre seis meses y dos años en su grado más grave y multa de seis a doce meses para el supuesto más leve. En cualquier caso, aún falta por identificar a los autores de este episodio, acción indispensable para sacar adelante el procesamiento.
Fiscalía también está pendiente de un cántico que merece mención aparate y que lleva la rúbrica directa de la CUP. La propia cuenta en Twitter de la formación en Barcelona, @CUPBarcelona, mostraba este domingo un vídeo en el que un grupo de manifestantes amenazan con cortar el cuello al Rey. Un lema que ya empleó el pasado enero el portavoz de este grupo, Josep Gargantè, durante la comisión para retirar la medalla de oro de la ciudad a la infanta Cristina. Son estos versos del grupo Mesclat:
"Si el Rey quiere corona, corona le daremos, que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos".
Este comportamiento podría dirigir la acción del fiscal por un presunto delito tipificado en el artículo 490.2 del Código Penal; y que castiga con la pena de prisión de tres a seis años al que amenazare gravemente al Rey, la Reina, los Príncipes y sus parientes en línea recta. La pena de prisión llega a tres años para amenazas es leve.
Si la Fiscalía concluye que los manifestantes o incluso los propios organizadores incurrieron en alguno de los delitos, remitirá estas diligencias a un juzgado de la Audiencia Nacional. También se produjeron otros actos posiblemente punibles como la quema por encapuchados de banderas de España, Francia y la UE, aunque en este caso los responsables no podrán ser identificados.