A la situación judicial que les envuelve en el asunto de los ERE, acusación penal de prevaricación, además de malversación en el caso de José Antonio Griñán, ahora hay que sumar la acusación política de la mayoría parlamentaria andaluza de ser los responsables del presunto fraude de la formación profesional perpetrado en Andalucía que tiene 18 sumarios abiertos en la región.
Aunque todos los grupos por unanimidad han pospuesto la entrega de las conclusiones, prevista para este martes, hasta el próximo lunes por la tarde, a petición de Podemos e Izquierda Unida, La Razón da cuenta de que la unanimidad también es completa en los grupos de la oposición, incluido Ciudadanos, acerca de la responsabilidad política de los dos expresidentes de la Junta en el origen y sostenimiento de la prácticas irregulares que han conducido a la investigación judicial.
El PP ya ha dejado claro en las conclusiones que ha elaborado que los tres últimos presidentes de la Junta, Chaves, Griñán y Susana Díaz, son responsables políticos de lo ocurrido.
Ciudadanos ha dejado claro la "brutal" responsabilidad política existente en el caso y ha señalado con precisión a Chaves y a Griñán, excluyendo a Susana Díaz por no haber tenido parte relevante en el caso (en Andalucía no ha habido formación profesional para parados desde que estalló el caso). De todos modos, la postura final de Ciudadanos y cuál sea el grado de responsabilidad que atribuye a los dos expresidentes está por ver.
De momento, aduce que Susana Díaz alcanzó la presidencia de la Junta en septiembre de 2013, cuando ya no había convocatorias de cursos de formación, paralizadas desde el año 2012. Hasta este año no se han vuelto a convocar cursos de formación en Andalucía, algo escandaloso para Podemos.
Podemos, asegura el diario de Planeta, que reclamarán la responsabilidad política de Chaves, Griñán y Susana Díaz, y de todos los consejeros que han tenido las competencias de formación desde José Antonio Viera (2000-2004) en adelante. Eso le conduciría a coincidir, por una vez, con el PP si bien no acusa a Susana Díaz de responsabilidad en el presunto fraude sino de haber cercenado la formación cuando más falta hacía, en plena crisis económica. Es más, por esta causa exige la dimisión de la actual presidenta de la Junta, subraya ABC.
Por su parte, IU pretende distinguir entre responsabilidades directas y subsidiarias, aunque aseguran que las responsabilidades políticas alcanzarán al gobierno de la Junta e incluso de la Presidencia, sin aclarar sus límites.
Por tanto, el PSOE, más que probablemente y salvo que negocie una "suavización" del dictamen final con unos grupos y otros, afrontará las conclusiones de la Comisión de Investigación en solitario aduciendo meras irregularidades administrativas sin que haya habido menoscabo de fondos públicos si bien hay interventores que han hablado de la existencia de ese menoscabo, lo que daría lugar a delitos de malversación de caudales públicos además de prevaricación administrativa.
Resulta más que curioso e incluso chocante que mientras el Parlamento andaluz en su mayoría admite la responsabilidad política en el caso del fraude de la formación, la juez Núñez Bolaños esté sopesando, de acuerdo con la Fiscalía, el archivo de la pieza separada que contempla precisamente la existencia de la trama política, al estilo de la pieza por la que acaba de acusarse a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y más de una veintena de ex altos cargos de la Junta.