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Ciudadanos ayuda a Susana Díaz y la exime de responsabilidad en el caso de la formación

La presidenta obtendrá la mayoría absoluta de la Comisión y del Pleno del Parlamento y por tanto, no será declarada responsable política de nada.

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Entrevista a Juan Marín En casa de Herrero

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

No es la primera vez Ciudadanos que lanza un salvavidas al océano político socialista andaluz. Recuérdese, por ejemplo, que no exigió la dimisión de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros, en el caso de los ERE y se limitó a aceptar que no fueran en la listas electorales. Ahora, echa de nuevo una mano a Susana Díaz en la Comisión de Investigación eximiéndola de toda responsabilidad política en el caso.

Ciudadanos considera, y así lo dijo este miércoles Juan Marín, que toda la responsabilidad debe recaer en los "ya amortizados" Chves y Griñán. Susana Díaz, recalcó, "no estuvo" en los hechos que tuvieron lugar entre el período investigado.

Si bien no coincide con PP y Podemos en culpabilizar expresamente a Susana Díaz, Marín acentúa la idea de que es responsable de la tardanza en la solución del asunto a niveles de la Junta de Andalucía y de haber impulsado la investigación interna que dijo iba a hacer. Olvidó Marín referirse los meses de Comisión de Investigación en los que el torpedeo de la Junta a sus miembros fue constante con documentación no remitida o pendrives dañados.

Contra Podemos, que defiende la tesis de que Susana es responsable de haber eliminado la formación en época de crisis, Juan Marín ha explicado que quien realmente paralizó la formación en Andalucía fue José Antonio Griñán en 2012 y que Díaz, sencillamente, continuó con la decisión de su antecesor.

Así, Susana Díaz obtendrá la mayoría absoluta de la Comisión y del Pleno del Parlamento y por tanto, no será declarada responsable política de nada en el caso de la formación.

Los hechos son testarudos

Ya en 2013, Libertad Digital subrayó los "vasos comunicantes" entre PSOE y UGT en los locales donde se impartían cursos de formación y puso de manifiesto la existencia de sedes cuyos gastos eran compartidos por ambas organizaciones.

Por ejemplo, es algo que se reconoce en este correo electrónico fechado el 14 de noviembre de 2011 que Francisco Mateos-Aparicio Colodrón, de la vicesecretaría de Administración y Recursos humanos de UGT Andalucía, concretamente del departamento de Contabilidad, remite a Francisco Morón, asesor socialista del Alcalde en el Ayuntamiento de Lucena desde 2007 y anteriormente comercial y agente de ventas de Merkamueble Europa,SA y de Muebles Peralta.

El correo se le remite con copia a Nieves Hernández Espinal, que fue consejera de Transportes Urbanos de Sevilla y otras empresas públicas hasta 2011 en su calidad de concejal delegada de Convivencia y Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla y Delegada del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y, además, es administradora de la sociedad Lázaro y Espinal Consultores, SL. Curiosamente, Espinal se presentaba como experta en blanqueo de capitales. Sigue siendo concejal del PSOE en Sevilla.

En dicho correo, se le hace saber a sus destinatarios que los gastos que deben compartirse de la sede común de Lucena, situada en la calle San Pedro, 46, ascienden a 2.764,25 por conceptos que van desde el consumo de energía eléctrica a limpieza del local pasando por el consumo de agua.

Poco después, en enero de 2014, Silvia Moreno, en El Mundo, destacó la implicación de Susana Díaz en la trama de la formación destapando el convenio entre el PSOE-A y la federación andaluza de UGT, en virtud del cual los socialistas andaluces recibían dinero de los cursos de formación como gastos compartidos en varias sedes de UGT. El convenio fue firmado por la propia Susana Díaz, en calidad de secretaria de Organización del PSOE de Andalucía y dos ex altos cargos de UGT Andalucía, hoy imputados, por el caso de sus facturas falsas muchas de ellas relacionadas con cursos de formación.

Tampoco puede olvidarse la presencia de José María Moriche, esposo de la actual presidenta de la Junta, en cursos de formación de UGT investigados por la propia Junta de Andalucía.

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