Aterrizaron en la sede de la Audiencia Nacional sita en San Fernando de Henares las primeras arremetidas contra la principal prueba en contra de los 65 acusados en el juicio de las tarjetas black. Son exaltos cargos de Caja Madrid y Bankia que se enfrentan a penas de entre uno y seis años de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida. Desde esta primera jornada y hasta el próximo viernes se consumará la fase de cuestiones previas, donde las defensas expondrán argumentos a favor de sus patrocinados.
Solo una tregua de 20 minutos ha interrumpido una mañana de continuo cruce de artillería jurídica. Inaugurado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce la propia Bankia, que han aportado otros dos informes periciales. El último, un dictamen de la auditora KPMG que avala la presunta apropiación indebida de 12 millones de euros mediante tarjetas, según la investigación, que autorizaron los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato "sin respaldo contractual" y "opacas a Hacienda".
Contra la acusación
Una instrucción sujetada principalmente por una prueba: un listado en documento de Excell con la memoria de los gastos en cada una de las tarjetas que se dispusieron. Después de recordar que su cliente ha devuelto los 436.000 euros que habría sacado de su black, en busca de un hipotético atenuante de condena, el abogado de Miguel Blesa ha planteado las dos ideas centrales de este primer día.
Por un lado, la "falta de legitimación de Bankia, BFA y FROB" para ejercer la acusación. Se han adherido a esta tesis por unanimidad todas las defensas. Aunque con argumentos variopintos. Entre los más utilizados, que estas entidades no son perjudicadas por el presunto delito dado que nacieron o intervinieron posteriormente. Según el abogado de Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda, "no tienen vela en este entierro".
Por otro, el letrado de Blesa se ha referido a la "nulidad de pruebas obtenidas". Los exconsejeros han apretado para tumbar la lista de gastos personales en la que se basa la investigación que, para el abogado de Rodrigo Rato, se obtuvo vulnerando los derechos fundamentales de su cliente. En la misma línea, otros acusados entienden que esa "hoja Excel carece de cualquier validez" y que contiene datos "falsos, engañosos y simulados". Ha sido calificada de "chapuza hecha por un mero colegial" y después, "plagada de errores, gastos duplicados y de sitios en los que mi cliente no ha estado jamás".
Fotografía del juicio
17 años después de que comenzara el presunto ilícito entre 1999 y 2005, existe a partir de este lunes fotografía del juicio. Deberán acudir los 65 acusados a todas las declaraciones de la vista y no tomarán la palabra hasta el próximo viernes. Se han habilitado en la Sala nueve banquillos para los acusados. Con Díaz Ferrán solo en primera fila escoltado por dos agentes que le han trasladado desde la cárcel donde cumple por el caso Marsans –se le someterá a pericial médica para ver si, como plantea su abogado, su delicado estado de salud le impide acudir al plenario–. En segunda, de derecha a izquierda, Rato y Blesa para los que la Fiscalía Anticorrupción pide las penas más altas: seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente.
Los acusados se escudarán previsiblemente en que las tarjetas black les fueron dadas, formaban parte de su remuneración, estaban contabilizadas y auditadas por peritos internos y el Banco de España.