Nadie duda a estas alturas que la conocida como Gürtel es una red de corrupción que existió y que se institucionalizó en el Partido Popular durante más de una década. De ahí que lo que empieza este martes no sea un juicio normal. La sede, sita en San Fernando, de la Audiencia Nacional acoge en plenario a los 37 acusados que pusieron en marcha esta trama entre 1999 y 2005. Nombres de sobra conocidos como el de Luis Bárcenas o "Don Vito" Francisco Correa –se enfrenta a 125 años de cárcel–, cuya sombra se alarga por el grueso de las piezas, y otros aún más altos como el de la exministra Ana Mato y el propio grupo liderado por Mariano Rajoy, ambos responsables civiles de 28.000 y 328.000 euros, respectivamente.
La bautizada Época I de Gürtel somete a práctica de prueba hechos y operaciones que se circunscriben a las Comunidades de Castilla y León, Madrid (Ayuntamiento de la capital, Pozuelo y Majadahonda) y la localidad malagueña de Estepona. De acuerdo con el auto de procesamiento que redactó el primer instructor de esta causa, Pablo Ruz, el presunto cabecilla Correa desarrolló con la ayuda de otro empresario, Pablo Crespo un sistema de corrupción bajo el amparo de políticos populares. Concretamente, al albur de tres extesoreros, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas; los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, también exconsejero regional de Madrid; el exsenador Jesús Merino; el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote. Y todo aderezado por compañías que se entregaron al ilícito y funcionarios con ansias monetarias.
Ruz describió un grupo organizado. Francisco Correa dictaba las órdenes y Pablo Crespo las ejecutaba. Correa seleccionó a gente de su confianza como testaferros –personas que prestan su nombre para ocultar una identidad real– de su patrimonio y de las empresas mediante las que amasaba fortuna. Esa red se especializó primero en organizar eventos y campañas electorales al Partido Popular. Así se ganó la confianza de los políticos para que éstos amañaran contratos a su favor, adjudicaciones que, por supuesto, iban acompañadas de comisión correspondiente, en efectivo o especie.
Poco a poco se forjó toda una red de empresas especializadas que acaparaban contratos públicos de amplios sectores. En paralelo, los imputados tejieron otra red en el extranjero, plagada trampas para despistar a Hacienda y a la Justicia y con el sello del arquitecto financiero Luis de Miguel, para esconder el dinero negro obtenido. Según Ruz, "Correa puso a disposición de determinados cargos públicos su propio entramado societario con el fin de ocultar la titularidad y origen de sus fondos". Se constituyó incluso una agencia de viajes que organizaba visitas a políticos y empresarios que se plegaban a las condiciones de la Gürtel.
El largo periodo de instrucción concentró el testimonio de más de cien imputados, un centenar de testigos, 190 Comisiones rogatorias a veintiún países en busca de datos bancarios e intervenciones telefónicas. Documentación que recoge indicios de once delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.