Ni la década de investigaciones al grupo Correa, ni los casi 450 millones de euros a los que ascendería el dispendio, ni los miles de páginas que arman el sumario, ni el conjunto de acusaciones que forman en el juicio de la Época Primera de la Gürtel, es decir, los presuntos delitos de esta red corrupta entre 1999 y 2005 circunscritos a Castilla y León, la Comunidad de Madrid y sus Ayuntamientos de Pozuelo y Majadahonda, y el municipio malagueño de Estepona. Nada es legítimo para sentar en el banquillo a los 37 acusados, según han planteado este miércoles en el final de las cuestiones previas la mayor parte de las defensas, incluido el abogado que representa al Partido Popular al que la Fiscalía Anticorrupción considera responsable a título lucrativo.
El PP y los acusados entienden que el juicio de Gürtel "está de origen viciado". Han hecho alusión a lo largo de la jornada a un sinfín de planteamientos. Pero sobre todo han insistido, también por boca del abogado popular Jesús Santos, en la vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, argumentan que se manipularon las normas de reparto para que la instrucción recayera en Baltasar Garzón, el más que polémico magistrado que terminó apartado de la carrera por ordenar la grabación irregular de escuchas sobre conversaciones entre los acusados y sus letrados en la cárcel y que coincidió en una cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mientras se desarrollaba la primera operación policial.
Aunque no todos los acusados están a favor de tumbar el procedimiento. Como avanzamos este martes, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa –que se enfrenta a 125 años de cárcel– renunció a las cuestiones previas. Un gesto que busca la benevolencia del Tribunal, un atenuante a la dura acusación vertida en su contra. Su intención de colaborar con la Justicia intimida a buena parte del banquillo y complica que prosperen las peticiones formuladas a lo largo de las primeras sesiones. En esta estrategia de que se entiende como un avance de su intención de confesar los delitos, le han seguido su exesposa, Carmen Rodríguez Quijano, y los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo.
Hasta el wifi como excusa
Llama la atención que el Partido Popular converja de nuevo con Luis Bárcenas. Ambos se han alineado entre los que aprietan para anular las conclusiones que se juzgan en la sede de la Audiencia Nacional sita en San Fernando de Henares, Madrid. El grueso de los acusados ha sacado la artillería jurídica entre las durante cerca de ocho horas.
Han volteado incluso un argumento que la opinión pública utiliza para oscurecer la conducta de los supuestos corruptos: el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo, 17 años para ser exactos, entre el momento en el que se habría perpetrado el delito y el comienzo de la vista oral. Una circunstancia que, según el abogado del exdiputado del PP por Segovia, Jesús Merino, se habría de considerar como atenuante. También proponen como motivo de rebaja de hipotéticas condenas las filtraciones a los medios de comunicación que se han producido durante la instrucción. Según los acusados, se soslayó el derecho a la intimidad y el principio de la presunción de inocencia.
Alegan también defectos de forma, del mismo modo en que ocurrió este martes, se han referido a la prescripción de delitos y hasta a fallos en el sistema informático de notificación judicial porque produce "indefensión". Momento para recordar cuando el abogado de Pedro Rodríguez Pendás, exasesor de un antiguo consejero madrileño, ha acercado como cuestión previa que los letrados no tienen acceso a un wifi libre para entrar en la plataforma informática Alfresco, donde se almacena el sumario completo de Gürtel.
El botín oculto de Bárcenas
Una cuestión previa más ha sido prácticamente unánime en fondo y en forma: "Que se dispense a mi patrocinado la obligación de acudir a todas las sesiones de este juicio, viniendo únicamente a aquellas en las que tenga que prestar declaración" para evitar la llamada pena de paseíllo o de banquillo. Se ha adherido también la abogada de Rosalía Iglesias Villar, que ha secundado las peticiones formuladas este martes por su esposo LuisBárcenas.
El Tribunal se ha reservado hasta el próximo lunes un espacio de cuatro días para resolver todas las cuestiones. Particularmente, sobre la continuidad del juicio, pero reflexionará sobre otras como la validez o no de la comisión rogatoria que desvela la fortuna en Suiza de un Bárcenas que se juega 42 años y seis meses de prisión. Mientras tanto, se han conformado los bandos en el banquillo y, por lo que pueda pasar, los acusados con los que se alinea el Partido Popular también ha pedido que el conjunto de los 37 supuestos responsables no declare la semana que viene, que sería lo habitual. Que su testimonio se posponga a la última fase para evitar que la Fiscalía y las acusaciones utilicen una hipotética rajada que comprometa buena parte de las estrategias de defensa.