La Agencia IDEA es el perejil de casi todas las salsas de los diferentes macrocasos como los ERE, Invercaria y el caso de los avales. Desde ella se ha orquestado la financiación de las diversas operaciones presuntamente delictivas que están siendo investigadas en las diligencias que se siguen en los tribunales. Ahora, la propia la agencia Idea va a ser investigada por un presunto "delito masivo" en su financiación. Nada menos que en 4.315 millones de euros se fija esta financiación sin control motejado ya de "descomunal fondo de reptiles" por el PP andaluz.
Toda la prensa andaluza da cuenta de que ha sido el todavía magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín –se ha anunciado que cesará en sus funciones a final de año-, el que ha abierto diligencias previas de investigación por un presunto delito "masivo" en la financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA); en concreto, se analizarían transferencias de financiación a este organismo desde distintas consejerías del Ejecutivo autonómico, al margen del programa 31-L, conocido como el "fondo de reptiles".
El juez ha atendido de este la petición de la Fiscalía Anticorrupción, realizada al objeto de incorporar a las actuaciones ya incoadas con anterioridad nueva documentación de interés sobre un caso que los populares consideran que puede ser "el más grave de todos si se atiende a la cuantía del mismo".
El origen de esta petición está en la denuncia del PP remitió un escrito al juzgado en 2011, hace cinco años, en el cual se analizaban las liquidaciones del presupuesto de gastos contenidos en las cuentas anuales de la Junta de 2001 a 2010, concluyendo que en lo tocante a los créditos de las cantidades correspondientes a transferencias corrientes y de capital que sirvieron de financiación al IFA-IDEA la cantidad ascendía a un montante de 4.315 millones de euros.
Según el PP, el macrocaso de la agencia IDEA demostrará que el caso de los ERE no fue un caso aislado sino una muestra de la forma de gestionar del PSOE en la Junta, una forma continuada de eludir controles y actuar arbitrariamente. Para los populares, esta es "la mayor investigación" a la que se va a someter a la Junta, y en el nuevo macrocaso se personarán como acusación particular para "intentar desenmarañar todo este proceso".
Europa Press recoge la noticia advirtiendo el momento en que nace el nuevo macrocaso. Recuérdese que a finales de la semana pasada trascendió que la Junta de Andalucía había solicitado el sobreseimiento de la pieza abierta en la que figuran procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE. El caso es que la Junta actúa como acusación particular en el caso con la finalidad de defender los intereses públicos.
Pero, a pesar de que la acusación pública, la Fiscalía Anticorrupción, ha pedido penas de prisión e inhabilitación para ambos exmandatarios y otros altos cargos autonómicos por parte de la Fiscalía, la Junta que preside Susana Díaz "no ve delito penal ni administrativo", y no considera que se deba abrir juicio. Por el PP la acusa de actuar como "segunda defensa encubierta" de los dos ex presidentes y los demás altos cargos.
El papel de IDEA en los macrocasos
Desde la forja de la administración paralela a los ERE, el caso de los Avales o el caso Invercaria, todo transcurre teniendo como origen o como instrumento a la Agencia IDEA. Recientemente, en el mes de agosto, el Tribunal Supremo (TS) anunció que analizaría otra vez el entramado de la conocida como 'administración paralela' de la Junta de Andalucía, formada por una extensa red de empresas públicas, fundaciones, agencias y entes de todo tipo.
El Mundo se refería, al dar esta noticia, a que el Supremo tendría que pronunciarse sobre la legalidad del cambio de estatutos en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) impulsado a través de un decreto por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado.
No es cuestión baladí porque este cambio normativo podría esconder el interés del Gobierno andaluz en saltarse los controles a la hora de repartir subvenciones, por ejemplo, como había alertado la Asociación de empleados públicos de la Junta Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que planteó el recurso de casación ante el Supremo contra el decreto de IDEA.
Igualmente, la agencia pública empresarial IDEA está en el meollo del mayor caso de corrupción de la historia andaluza, como caja pagadora de los ERE vía transferencias de financiación, que está investigando el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Este escándalo acumula ya unos 250 investigados, entre ellos los expresidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán y decenas de altos cargos de la Junta.
Otro ejemplo. El juez del caso Invercaria abrió en 2015 nuevas diligencias previas para dilucidar si por parte de la agencia IDEA se produjo "un uso inadecuado de transferencias de financiación de capital para la concesión de subvenciones excepcionales a determinados ayuntamientos" de Andalucía "como prueba piloto para la implantación de una red inalámbrica para acceso a Internet por parte de los ciudadanos". Se trata en este caso de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Todo el caso Invercaria, en el que la Junta de Andalucía, presuntamente a partir de los indicios obtenidos, destinaba dinero a empresas sin justificación alguna y dentro de la más completa arbitrariedad, está vinculado a la agencia IDEA. Es más, es que "INVERCARIA se configura como un ente instrumental participado al 100% por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para la promoción, desarrollo y utilización de instrumentos de capital riesgo para la financiación de proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento en sectores estratégicos e innovadores", dice la propia Junta de Andalucía.
En el macrocaso de los avales indebidos e irregulares, la agencia IDEA siempre ha estado presente. Desde el año 2008 IDEA ha concedido avales a un total de 153 empresas por un valor de 210 millones de euros. En 2011, se descubrió que muchas de las empresas que habían sido avaladas por IDEA también habían recibido subvenciones de la partida del 'fondo de reptiles'. Por ello, en el año 2012 sólo se concedieran dos avales por 11,2 millones, en 2013 no se concedió ninguno. Pero el dinero causado por los avales no se recuperaba.
La Cámara de Cuentas, en su informe sobre las cuentas de 2012 que fue dado a conocer en 2016, ya hacía recomendaciones a lDEA para que revisara sus procedimientos "por el alto índice de fallidos".
Según ese informe de fiscalización, las entidades financieras ejecutaron avales fallidos por los que tuvo que responder la Junta entre 2010 y 2013 por importe de 82,44 millones, de los que la Administración autonómica tan sólo ha logrado recuperar 9,11 millones (11 por ciento). Las pérdidas reales, por tanto, superaban los 73,33 millones.