La juez Alaya, antes de ser eliminada del juzgado instructor más relevante de España en 2015, abrió una investigación a petición de la Fiscalía Anticorrupción para examinar si hubo delito –señalado por la Cámara de Cuentas y la Intervención General de la Junta–, en una ayuda, crediticia en principio y finalmente a fondo perdido, de más de 36 millones de euros a Santana Motor en 2010. La mutación de un crédito en un regalo sin fiscalización previa ni inclusión en los presupuestos fue el motivo.
De nota fue la declaración de la propia interventora de la Agencia IDEA que, en calidad de testigo en el caso ERE, hace tres meses, afirmó que existen "indicios de menoscabo de fondos públicos en el préstamo de 36,1 millones aprobado en 2010 por la Junta de Andalucía a la empresa Santana Motor". María Luisa Royo, que es su nombre, añadió que el préstamo concedido a Santana fue simultáneo a la liquidación de la empresa. Curioso fue que un préstamo que había que pagar en 2013, se considerase mucho antes como "deteriorado", esto es, incobrable. De hecho, se renunció a su cobro. Todo está recogido por la agencia EFE y El Mundo.
Resalta El Demócrata Liberal que hay más dinero en juego. Nada menos que 68 millones de euros, más de 100.000 millones de las antiguas pesetas. ¿De dónde procedió este dinero? Del famoso 'fondo de reptiles' de donde salía el dinero de los ERE, según el testimonio de uno de los principales imputados el caso ERE, Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social.
Ayudas de 68 millones de euros
El pasado mes de mayo de 2016 saltó la noticia que la Junta había recurrido al fondo de reptiles para poner 68 de millones de euros a Santana Motor, sin que este dinero tuviera cobertura presupuestaria ni que hubiera sido ratificado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
En el juzgado de la juez Núñez Bolaños hay un documento clave, un resumen ejecutivo que el extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) elaboró para justificar la necesidad de aportación de fondos a Santana con motivo del plan de actuación 2004-2006. En él pude comprobarse cómo se autoriza a la agencia IDEA a actuar como "caja pagadora" de las ayudas sociolaborales y empresas a las que "auxiliaba" la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
Y se dice textualmente:
"La propuesta que se eleva al consejo rector del IFA (luego IDEA) supone 189.442.000 euros porque incluye el importe (68.078.000 euros), no cubierto presupuestariamente, destinado por el IFA de manera anticipada a atender las obligaciones del Plan de Acción de Santana que le fueron encomendadas y que están debidamente justificadas".
Y sigue:
"Por razones de prudencia y de adecuación a un calendario más razonable de pagos se consideran sólo los dos primeros ejercicios (2004 y 2005), por lo que la cantidad que se propone es de 146.162.000 euros (25.554.000 del año 2004, 52.530.000 del año 2005 y 68.078.000 de anticipos)".
¿De dónde salieron los 68.078.000 euros no cubiertos presupuestariamente? La acusación particular del PP cree que salieron del fondo de reptiles, esto es, de la partida presupuestaria 31-L, el famoso fondo de reptiles.
El PP deduce este origen porque en el interrogatorio que le hizo la juez Alaya al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, éste, y consta textualmente en el sumario, lo expresó. La pregunta de la juez fue: "¿Es cierto que Vd. resolvía la concesión de subvenciones a empresas desconociendo si existía cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, puesto que en muchos casos el ejercicio presupuestario contemplado en su resolución nada tenía que ver con el que se establecía en el Convenio firmado posteriormente?".
La respuesta de Guerrero explicó el desvío de una transferencia de 86 millones de euros desde la Dirección General de Trabajo al IFA supuestamente para el pago de las prejubilaciones de operarios de Santana. Pero añadió que a prejubilaciones se destinaron "tan solo 18 millones y el resto -aproximadamente unos 68 millones- se empleó en otros pagos distintos para Santana Motor". Esto es, el dinero destinado a prejubilaciones fue, además, utilizado para otros fines.
Pero hay más, porque el ex director general de Trabajo indicó que el desvío de ese dinero le supuso un "desastre", de tal modo que cuando fue destituido del cargo el 28 de abril de 2008 "todavía se le debía 12 millones de euros a la póliza de prejubilaciones de Santana".
Parece más que probable que los 68 millones referidos por Guerrero en su declaración judicial sean los mismos 68.078.000 euros que el propio IFA reconoció en el documento que se elevó a aprobación del consejo rector en la sesión celebrada el 22 de julio de 2004 bajo la presidencia de Francisco Vallejo, cuando este era consejero de Innovación, Ciencia y Empresa y hoy imputado.
Ahora el caso está encima de la mesa de la juez Bolaños. El PP ha pedido al juzgado en mayo de 2016 que la Guardia Civil investigue estos hechos y que se requiera a la Junta los documentos justificativos del pago a Santana de estos 68 millones sin cobertura presupuestaria y los documentos relacionados.