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El Supremo archiva el caso Couso 13 años después de la muerte del reportero

De acuerdo con la instrucción en la Audiencia Nacional, el Alto Tribunal califica de "lamentable" la "escasa" colaboración judicial de EEUU.

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El Supremo archiva el caso Couso 13 años después de la muerte del reportero
José Couso | Archivo

Han pasado 13 años desde que en abril de 2003 un proyectil lanzado por las fuerzas armadas de Estados Unidos destrozó el hotel Palestina. Allí se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak. En concreto, allí perdió la vida el cámara gallego José Couso. Después de una investigación en la que no ha colaborado Estados Unidos según el Tribunal Supremo, el TS ha confirmado el archivo de la causa que había adoptado previamente la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal desestima los recursos interpuestos por la familia de la víctima y Asociación Libre de Abogados porque se ve obligado a cumplir la última reforma de la justicia universal impulsada por el Partido Popular, contra la que tampoco presentará una cuestión de inconstitucionalidad.

Tanto la Audiencia Nacional como el Supremo en segunda instancia han entendido que, en base a la doctrina, solo se pueden promover este tipo de cuestiones cuando la Ley internacional es contraria a la Constitución. Aunque a renglón seguido sostiene que "la muerte de un profesional de la información" en las circunstancias que ha probado la investigación constituye un "ataque no justificado por parte de la fuerza armada a la población civil". Como ya hizo el juez de instrucción, Santiago Pedraz, califica de "lamentable" la "escasa" cooperación judicial prestada por las autoridades de Estados Unidos para el esclarecimiento de los hechos.

El camino no acaba aquí. El Tribunal Supremo recuerda que el sobreseimiento del caso se puede revertir si se constata que concurren los requisitos para activar la jurisdicción española. De hecho, la familia de Couso advirtió que elevaría el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La última reforma de la legislación relativa a la justicia universal, aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2014, acabó con la posibilidad de perseguir judicialmente desde España delitos internacionales como crímenes de guerra cometidos contra españoles fuera de nuestro país, como es este caso Couso.

En el sumario figuraban como procesados tres militares del Ejército de los Estados Unidos: el teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson. Se les atribuían delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio. Pedraz lamentó que los investigados no pudieran ser buscados ni investigados, ni en España ni en otros países.

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