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La AN se opone a que Argentina investigue a ETA por lesa humanidad

El juez Alejandro Abascal rechaza la aplicación de la jurisdicción universal porque da los delitos terroristas por debidamente perseguidos en España.

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La AN se opone a que Argentina investigue a ETA por lesa humanidad
Fachada de la sede de la Audiencia Nacional de Génova | EFE

La Justicia española ha dado un portazo a la argentina y a las víctimas del terrorismo de ETA. Otro portazo. Después de una serie de bandazos y de cambios de criterio, la Audiencia Nacional concluyó el pasado mes de abril que los actos terroristas no se enmarcan en el delito de lesa humanidad. Esgrimió argumentos abstractos y contrarios a otros que había planteado con anterioridad. Según la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, la clave de la lesa humanidad "es la vinculación entre el sujeto activo del delito a una organización idónea para generar el ataque en cuestión, dentro a su vez de una acción generalizada o sistemática". Pero ETA no se ajusta.

Quien se movió para intentar que los terroristas pagasen por delitos de lesa humanidad fue la asociación de víctimas Dignidad y Justicia. Como se encontró con la negativa rotunda de la Audiencia Nacional, promovió esta iniciativa en la Justicia argentina. Un magistrado del país sudamericano accedió a estudiar el litigio y solicitó inmediatamente cooperación jurídica internacional a las autoridades españolas. Ese juez es el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 6 de Buenos Aires y se llama Rodolfo Canicoba Corral. Cinco meses y dos días después de aquel 1 de junio en el que cursó el exhorto, Canicoba ha visto cómo España le niega la colaboración y también la competencia para investigar el caso.

La política antiterrorista, en entredicho

La denuncia de Dignidad y Justicia tiene por objeto la investigación por los Tribunales argentinos de los terroristas que provocaron la muerte de 379 ciudadanos españoles, víctimas de asesinato y de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos por ETA. Con este texto encima de la mesa, el juez argentino libró una petición de auxilio internacional con estas solicitudes: "informar si en España se han desarrollado investigaciones penales por los hechos denunciados; consultar a las autoridades gubernativas si se ha implementado una política de persecución criminal de los delitos cometidos por ETA; consultar si España ha hecho efectivo el derecho a la verdad que asiste a las víctimas de esos delitos y a la sociedad española en su conjunto; y consultar si se ha implementado una política de reparación a las víctimas de los delitos perpetrados por ETA".

La Justicia española se defiende

Alejandro Abascal, juez de apoyo de la Audiencia Nacional, ha sido el encargado de cerrar la puerta a su colega argentino. Recuerda en su resolución que el ordenamiento jurídico español incluyó el delito de lesa humanidad en 2004, que no se ha ratificado su aplicación con carácter retroactivo y que, por lo tanto, no se pueden investigar esos supuestos. Hace constar los antecedentes que descartan tipificar los asesinatos de ETA como lesa humanidad. Además, contextualiza las condiciones en las que se puede aplicar la jurisdicción universal: su carácter es subsidiario, es decir, solo se aplica cuando el Estado no tiene voluntad de investigar. Según Abascal, España "ha agotado todas las vías investigando y enjuiciando de forma efectiva a cientos de individuos por su participación el los crímenes de ETA".

De hecho, ha incluido tres consideraciones como respuesta al exhorto de Rodolfo Canicoba: "que todos los crímenes cometidos por ETA han sido objeto de investigación en España, Francia y otros países y en la mayor parte se ha condenado a los autores; que en España todas las autoridades judiciales se rigen por el principio de legalidad; y que todas las personas reconocidas como víctimas de ETA han sido objeto de reparación, aún cuando no haya sido posible identificar al autor de los crímenes" –lejos del discurso de las principales asociaciones de víctimas–.

De hecho, uno de los principales impulsores del procedimiento, Daniel Portero –hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado por ETA el 9 de octubre de 2000– ha subrayado el atrevimiento de un juez "sin escrúpulos" que se ha alineado con la Fiscalía para no ayudar en nada a las víctimas. En cualquier caso, mantiene la esperanza de que Argentina siga adelante con la investigación y los terroristas paguen por esos 379 asesinatos sin resolver.

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