La Policía ha llegado antes que el motociclismo al Circuito del Motor de Cheste, en Valencia. El trazado acoge este fin de semana una de las pruebas del campeonato, pero se ha colado solo dos días antes en la crónica informativa como el epicentro de una supuesta trama de corrupción. Es el llamado caso Valmor, que le habría costado a las arcas públicas de la Comunidad Valenciana más de 40 millones de euros. Agentes de la Brigada Judicial se han personado en el marco de la investigación por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales, después de que el titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Valencia decretara la semana pasada el secreto de sumario.
Sobre la mesa, la compra con dinero del contribuyente de Valmor Spors, una sociedad constituida por inversores privados para la gestión de una prueba del Mundial de Fórmula 1 en el circuito de Cheste. Se integraron en dicha empresa personalidades como Fernando Roig, propietario de Pamesa, Almanzora y Mercadona, además de presidente del Villarreal CF; Jorge Martínez Aspar, motorista y director de equipos; y Bancaja. La instrucción compromete a personas vinculadas con esta adquisición como los expresidentes de la Generalidad Francisco Camps y Alberto Fabra, los ex altos cargos Lola Johnson, Luis Lobón, Bruno Broseta, José López Jaraba o Eusebio Monzó.
La operación de Valmor se valoró en un euro pero, según los investigadores, escondió unas pérdidas masivas reparadas a la postre por las arcas públicas. De fondo, las pruebas de Fórmula 1 que se celebraron en el circuito urbano de Valencia entre los años 2008 y 2012 y que no resultaron todo lo rentables que indicaban los cálculos previos. La Fiscalía Anticorrupción impulsó la denuncia y ha requerido más documentación relevante acerca de las condiciones en las que se materializó la compra. Se centra en aspectos como el hecho de que la Generalidad valenciana se constituyera como aval sin seguir el procedimiento fijado por la Ley y en perjuicio de los fondos de los ciudadanos.
La querella del Ministerio Público también hace hace referencia a una orden que habría dado Camps a la exconsejera Lola Johnson para que firmara el contrato por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a Valmor. Al parecer, lo hizo sin competencia para ello y el acuerdo incluía también el pago del canon anual para la celebración de pruebas de Fórmula con dinero público, cercano a los 26 millones de dólares.