Las contradicciones son ya tan relevantes que los abogados de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación en el caso Invercaria a través de la Agencia IDEA, han asumido la defensa del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, acusado de malversación de fondos públicos y prevaricación en el mismo caso. El escándalo está presente en la mayoría de los periódicos andaluces.
De este modo, el imputado Vallejo se ahorrará el coste de su defensa jurídica, coste que será asumido por todos los andaluces. Serán los letrados de la Junta los que sustituyan a los que tenía contratados Francisco Vallejo que se manifiesta, así como un ex consejero especialmente considerado por la Junta de Andalucía sin que se sepa aún por qué.
La Junta ha tratado de eludir la cuestión arguyendo que no es la Junta quien acusa en el caso Invercaria. Pero lo cierto es que la acusación en el caso la conduce la agencia IDEA, que es un ente de la administración paralela de la Junta y, precisamente, la agencia que está en todas las salsas de los casos de corrupción, de los ERE al caso de los avales pasando por Invercaria.
Además, ha defendido abiertamente que la Junta defienda a un ex consejero mientras no defiende a otros. Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta, ha afirmado que Vallejo tiene derecho a ser defendido en este caso concreto porque ha actuado como cargo público y porque la Junta no está personada como acusación particular en el mismo, lo que evidentemente sería cierto si la Agencia IDEA no fuera una Agencia, la más importante, de la Junta de Andalucía.
Si ya es discutible que la Junta de Andalucía, esto es, el dinero de todos los andaluces pague la defensa de un ex consejero –cosa que no hace en los casos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros dando paso a agravios comparativos de relieve–, lo es aún más el que el gobierno de Susana Díaz actúe a la vez como acusación particular y como defensa en el mismo proceso.
Hasta ahora y como máximo, tras algunos escándalos iniciales en la misma dirección de querer defender a sus ex altos cargos, la Junta, por ejemplo en el caso ERE, se personaba como acusación particular si bien su actuación, destacada incluso por las partes procesales, parecía ser más de asistencia de los imputados que de amparo de los intereses generales de los andaluces y su dinero público.
De "disparate jurídico" ha calificado el Partido Popular el asombroso comportamiento judicial de la Junta y ya ha anunciado un recurso contra esta decisión. Según el PP, lo que está haciendo la Junta es incurrir probablemente en un nuevo delito de prevaricación otorgando un "trato de privilegio" al imputado Vallejo y usando "el dinero público para fines discriminatorios con el resto de los acusados en la presente causa".
El caso concreto es una pieza separada del caso Invercaria que está investigando el juez de instrucción 16 de Sevilla. Se trata de averiguar si hubo o no malversación de caudales públicos en la concesión de un préstamo que la empresa de capital riesgo de la Junta, Invercaria, hizo a la empresa Servivation por valor de 1.180.000 euros para pagar las nóminas de los trabajadores de la empresa tecnológica Vitelcom.
Ante la crisis del sector tecnológico, el consejero Vallejo impulsó la creación de la empresa Servivation que suponía la fusión de Novasoft, AT4 Wireless e Isofotón con la sevillana Sadiel, ligada asimismo a la Junta de Andalucía. En la operación se absorbieron los 114 empleados que Vitelcom había despedido.
La nueva empresa Servivation recibió un préstamo participativo de Invercaria por importe de 1,18 millones de euros sin más soporte que "un documento sin firma ni fecha de una sola página", según constató la Policía y cuenta ABC, esto es, con un procedimiento asimilable al que se utilizó en el caso ERE: ayudar a empresas amigas de manera arbitraria. Finalmente, Servivation tampoco pudo salvarse y los trabajadores fueron a la calle.