Nuevas sospechas de corrupción en torno a un político del Partido Popular. El caso Auditorio ha adquirido dimensión mediática, puesto que está cerca de poner a los pies de los caballos al actual presidente de la Región de Murcia. La juez que desde Lorca investiga un presunto amaño del contrato para la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras, Consuelo Andreo, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde pide la imputación del aforado Pedro Antonio Sánchez por delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad en documento oficial o público.
Con la ayuda de la Fiscalía contra la corrupción urbanística de la comunidad autónoma, ha reconstruido el supuesto ilícito. Según el escrito de la magistrada, la historia se remonta a finales de 2007. Fue entonces cuando comenzaron los trámites para la adjudicación del contrato de obra pública que culminaría con la construcción del Teatro Auditorio en el municipio. Al parecer, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, liderado entonces por Pedro Antonio Sánchez, eligió a dedo al futuro beneficiario de la concesión, el arquitecto Martín Lejarraga. Ante las quejas del Colegio de Arquitectos por lo que parecía un amaño a todas luces, el Consistorio decidió sacar el proyecto a concurso. Un concurso que, según los indicios, "fue una farsa" y se efectuó a medida del candidato previamente designado.
Un jurado presidido por Sánchez otorgó en enero de 2008 la concesión a Lejarraga en una reunión de apenas hora y media. El Ayuntamiento, concretamente la concejalía de Cultura, pagó unos seis millones de euros, tal y como estaba previsto. El imprevisto llegó en septiembre de 2009, cuando se abonaron 340.000 euros más a la empresa adjudicataria "por unas obras complementarias", aunque a priori el desembolso inicial cubriría la construcción al completo. Según el Ministerio Público, ese pago "supone una grosera y flagrante transgresión de los términos del contrato" y, en el plano penal, un supuesto delito de fraude a la Administración.
Aunque los informes técnicos elaborados por el Ayuntamiento de Sánchez sostienen que los seis millones de la subvención están empleados en la obra, el Teatro Auditorio quedó sin construir al 100%: "La obra objeto básico del concurso y de la subvención recibida estaba sin terminar, ni poder ser utilizada. Aunque se había certificado al 100% del presupuesto, la obra estaba ejecutada sólo al 61,96 %", explica la juez en su exposición. Al albur de las estimaciones, se necesitaría una segunda inversión de casi 2,3 millones para finalizarlo. La magistrada comparte con el fiscal que el presidente de Murcia era "perfecto conocedor" de los hechos.
Explicaciones de Sánchez
Instantes después de conocer la decisión de la juez Consuelo Andreo, el presidente Pedro Antonio Sánchez ha hablado en una rueda de prensa extraordinaria. El gobernador regional ha negado los indicios y ha señalado a la oposición, en concreto al PSOE, como origen de esta investigación. "Mis convicciones son más fuertes que mis enemigos", ha advertido. El político popular ha aclarado que el auditorio se hizo cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y que la subvención que recibió de la Comunidad se invirtió "al cien por cien" en su ejecución, "se pagó y está justificada", tal y como "acreditan absolutamente todas las certificaciones y la fiscalización".
Sánchez ha hecho énfasis en el destino de los fondos, porque "nadie pone en duda que falte ni un solo euro de esa subvención" invertidos en el complejo cultural Inmediatamente después ha recordado que es la decimosexta denuncia que ha interpuesto el PSOE en su contra y que siempre se han resuelto con la proclamación de su inocencia, aunque "nadie ha pedido perdón". El presidente murciano ha dicho que se ha ofrecido hasta en tres ocasiones a comparecer ante la Fiscalía para aclarar los hechos, pero no se lo han permitido. En cualquier caso, ha lanzado un mensaje a los ciudadanos de la región: "Los murcianos pueden estar tranquilos porque esto se va a aclarar".