Uno de los últimos pulsos del separatismo a la Justicia se ha saldado de momento con el gesto de victoria de los cinco detenidos por desatender una citación judicial y el grupo que los ha acompañado a la Audiencia Nacional en señal de apoyo. Otra vez entre gritos y pancartas de desafío a las instituciones y abrazo a la ruptura con España.
El operativo desplegado "tampoco ha sido para tanto", según ha expresado esa pequeña comitiva. La Policía ha culminado los arrestos a primera hora de este martes, cuando los dos últimos viajaban a Madrid en un autobús de apoyo a sus otros compañeros imputados por injurias a la Corona. Los han trasladado al cuartel de Moratalaz hasta que se han reunido a mediodía en dependencias judiciales con las otras tres personas que dieron plantón el pasado miércoles al instructor Fernando Andreu, que los investiga por quemar fotografías del Rey con la Constitución en el reverso durante la última manifestación de la Diada catalana.
Son Aitor Blanc, portavoz de SOM Gramenet en el Ayuntamiento de Santa Coloma –candidatura liderada por Podemos–; Jordi Almiñana, vinculado a movimientos impulsados por la CUP; Nora Miralles, suplente en las listas de la CUP al Ayuntamiento de Barcelona en las elecciones autonómicas de 2015; Ivan Altimira, asesor de la CUP para el consistorio de la Ciudad Condal; y Roger Santacana, integrado con los antisistema como candidato por Manresa. Con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los cinco han quedado en libertad sin medidas cautelares después de acogerse a su derecho a no declarar.
El abogado de dos de ellos se ha autoproclamado "portavoz de la izquierda independentista" antes de exhibir argumentario. Considera que "es un juicio político, una persecución política a la libertad de expresión". Tampoco otorgan legitimidad a la Audiencia Nacional "sobre la soberanía del pueblo catalán". El enlace con la prensa de aquellos que quemaron fotografías del Rey y la Constitución cree que estamos ante "un ataque frontal a todas las organizaciones que la conforman a la izquierda separatista y un ataque frontal a la soberanía de los Países Catalanes". Y de postre, como ya han hecho Carles Puigdemont, Carme Forcadell y los primeros espadas del rupturismo, ha llamado "libertad de expresión" a la desobediencia.
Este "portavoz" letrado, Eduardo Cáliz, ha pedido el archivo de la causa. También ha pedido "respeto a la soberanía y la libertad de expresión de los países catalanes" y, ya puesto, ha exigido el cese inmediato del consejero de Interior catalán, es decir, de Jordi Jané: "Consideramos absolutamente increíble que un Gobierno del principado de Cataluña que se denomina independentista tenga un departamento de Interior con una persona al frente que persigue militantes de oficio dentro de una manifestación como el día de la Diada, legalmente convocada, y que se dedique a detenerlos y entregarlos a la Guardia Civil".
Llama la atención ese giro del "portavoz", pues donde Juntos por el Sí dice república independiente, Cáliz ha hablado de principado: "No consideramos a Jordi Jané una persona capaz de llevar al frente el mandato popular que tiene el Parlamento de Cataluña en este momento de conseguir la independencia para el Principado". Mientras, entre veinte y treinta personas se han concentrado en los aledaños de la Audiencia Nacional como muestra de apoyo a los detenidos. Portaban banderas esteladas y pancartas con mensajes separatistas bajo el lema recurrente desde que se inició este procedimiento: "Ni Rey, ni miedo. Desobedecemos".
El Código Penal
Artículo 490.3 El que injuriare al Rey o Reina a cualquiera de sus parientes en línea recta, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.
La Ley también reserva castigos por la quema de banderas y símbolos democráticos. Depende de que la Justicia considere que convertir en cenizas la fotografía de Felipe VI puede dañar el prestigio de la Corona:
Artículo 491.2 Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o Princesa de Asturias, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.
Y en relación a los ultrajes a España y a sus símbolos, este es el precepto que recoge con nitidez las consecuencias de publicar un desafío:
Artículo 543: "Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses". Multas que, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana podrían llegar hasta 30.000 euros.