Desobediencia y corrupción abarrotan el calendario judicial de 2017. Un año que presenciará por primera vez al separatismo catalán en el banquillo de los acusados y que marcará la respuesta a varias décadas de desmanes en el Partido Socialista, el Partido Popular y Convergencia, entre otras formaciones. Comparte con 2016 la incógnita del caso Nóos, que despejará en los próximos meses el futuro de la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin. Y confluye con los tiempos pretéritos en que la familia Pujol, casi con total seguridad, conservará la libertad que ninguna prueba les arrebata y muchos imputados añoran.
Mas y más
Especialmente turbulento está el horizonte en Cataluña. Ha concluido la investigación del caso 9N, aquel 9 de noviembre de 2014 cuando la Generalidad dispuso las urnas para votar la partición con España pese al veto del Tribunal Constitucional. El expresidente Artur Mas como autor y sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en papel de cooperadoras necesarias irán a juicio del 6 al 10 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de la región, donde se enfrentan a condenas de hasta 10 años de inhabilitación. Por los mismos hechos y los mismos delitos de desobediencia y prevaricación, el diputado Francesc Homs, entonces consejero de Presidencia y mano derecha de Mas, espera la apertura de juicio en el Tribunal Supremo, que posiblemente se asemejará en fechas.
Los Pujol regresan a la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata ha unificado las infinitas caras de este poliedro delictivo. Convergen en una fortuna familiar que Interior cifró hace dos años en 1.800 millones y que, según las últimas estimaciones, alcanza los 3.300 millones de euros. El magistrado sospecha que el clan se aprovechó de su posición política para "generar réditos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios para conseguir el lavado de los activos conseguidos". De acuerdo con la Fiscalía, sitúa al primogénito de los Pujol Ferrusola en la cúspide de la supuesta trama y, aunque han alimentado los indicios de delito fiscal, no logran avances con respecto al tráfico de influencias y el blanqueo. Por este último está citado el 12 de enero el hijo pequeño Oleguer, aunque nadie espera que a corto plazo se les complique su situación procesal.
Ni como testigo acudirá el exmolt honorable Jordi Pujol al juicio sobre la supuesta financiación ilegal de CDC. La Ciudad de la Justicia de Barcelona acoge desde el 1 de marzo la vista oral del caso Palau, un sumario de 60.784 folios apestado de presuntos pelotazos. La Fiscalía reclama 27 años y medio de cárcel para los máximos responsables del Palau de la Música: Félix Millet, expresidente de la Fundación Orfeón Catalán que lo gestionaba; y su delfín Jordi Montull. Habrían desviado 22 millones de esta institución para sus gastos privados. Convergencia, que habría cobrado comisiones de constructora Ferrovial a través del Palau –a cambio de la adjudicación de obras públicas como la línea 9 de metro–, mantiene 15 sedes embargadas para cubrir una fianza de 3,2 millones. Se sentará en el banquillo como responsable civil del saqueo de 6,6 millones de euros y su extesorero Daniel Osàcar se enfrenta a siete años y medio de prisión.
Las sesiones se solaparán con las del caso Pretoria, cuyo juicio arranca el 13 de marzo en la Audiencia Nacional y está programado hasta septiembre. Otra presunta red de corrupción urbanística que afecta a CDC y también al PSC. Figuran entre los once acusados, el exconsejero de Economía Macià Alavedra y el exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta, que se juegan 6 años y 10 meses de cárcel por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
En clave Gürtel
Ha monopolizado la información especializada desde el pistoletazo de salida del juicio a principios de octubre. Gürtel es sinónimo de empresas que abonaron comisiones a políticos del Partido Popular para que les adjudicaran contratos públicos. También es la traducción al alemán de correa en alusión a Francisco Correa, el jefe reconocido de la trama. Se enfrenta a 125 años y un mes de cárcel. Su supuesto número dos, el exsecretario de organización de PP en Galicia Pablo Crespo, se juega 85 años y medio. Y ambos han señalado a Luis Bárcenas como su álter ego en la red de corrupción: el Grupo Correa encabezaba a los empresarios plegados y Bárcenas dirigía las operaciones en la formación. El extesorero popular, para el que Anticorrupción reclama 42 años y 6 meses de prisión, toma la palabra el 16 de enero en la declaración más esperada de la última década, con la investigación de la presunta caja B en pleno auge.
Sobre financiación irregular del PP se discutirá también en Valencia. Otra pieza separada de la Gürtel coincidirá en tiempo de juicio con esta Época Primera. Correa, Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes cuadrarán agendas para dar la cara en los dos procedimientos. Además, la Fiscalía pide una pena de siete años y nueve meses de cárcel para los exdirigentes del PPCV y exdiputados en las Cortes valencianas Vicente Rambla y Ricardo Costa. Se someten a práctica de prueba desde el 13 de marzo delitos electorales en las campañas para las autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Se sentarán también en el banquillo el diputado David Serra y la administradora Cristina Ibáñez.
Un año más, Nóos
La gran cita de 2016 lo es también en 2017. Un año después de que la Audiencia Provincial de Palma abriera sus puertas a los acusados por el caso Nóos seguimos esperando la sentencia. Han concedido de límite hasta marzo a la presidenta del Tribunal Samantha Romero para que dé a conocer el veredicto. Iñaki Urdangarin se enfrenta a 19 años y medio de cárcel y su exsocio Diego Torres a 16 años y medio como presuntos cabecillas de la trama que habría desviado más de 6 millones de euros públicos hacia un entramado empresarial oculto tras el Instituto Nóos. El Ministerio Público redujo la solicitud de pena al exministro Jaume Matas de 11 a 5 años de cárcel por devolver el dinero y colaborar con la Justicia.
En lo que respecta a doña Cristina de Borbón, todos en el juicio la desvincularon de la gestión de la empresa matrimonial Aizoon, donde supuestamente se defraudaron más de 300.000 euros a Hacienda en 2007 y 2008. Manos Limpias reclama en solitario ocho años de prisión para la infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
El principio y el final
El 2017 traerá en la cuesta de enero el visto para sentencia del caso de las tarjetas black. A partir del día 11 de enero se darán los últimos coletazos en la Audiencia Nacional y después las miradas se dirigirán al Tribunal que preside Ángel Hurtado, que ha presenciado un intenso debate jurídico de posiciones contrapuestas donde la defensa ha dicho que no se está juzgando un episodio concreto en Caja Madrid y Bankia sino "una época, un modelo, un concepto". Son 12 millones de euros los que se habrían escapado de las entidades mediante las tarjetas por las que Miguel Blesa y Rodrigo Rato se juegan seis años y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente, junto con más de 60 exdirectivos.
Si el arranque del año promete ruido mediático, más aún producirá el final. Porque en su último tramo, este 2017 verá casi con toda probabilidad a dos expresidentes de la Junta en el banquillo junto con la plana mayor del socialismo andaluz. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para José Antonio Griñán por prevaricación y malversación y 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves solo por el primer delito. Habrían participado del saqueo de 741 millones de euros en el caso de los ERE. Otra vertiente, la de los cursos de formación donde se habrían esfumado más de 2.000 millones de euros, agonizará en manos de la juez Núñez Bolaños que está archivando las investigaciones que impulsó Alaya.