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Archivan sin resolver el caso de la espía del CNI en la Audiencia Nacional

Como requisito previo para colaborar, Microsoft USA exigía una serie de precisiones imposibles de descifrar según la juez instructora.

Como requisito previo para colaborar, Microsoft USA exigía una serie de precisiones imposibles de descifrar según la juez instructora.
Fachada de la Audiencia Nacional | EFE

Esta causa alimentaba las sospechas de intromisión del CNI, es decir, del ministerio de Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, en los asuntos judiciales. Especialmente en aquellos más comprometidos para el Partido Popular, teniendo en cuenta que, según los indicios, habría espiado los ordenadores de los magistrados de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y Fernando Andreu, instructores de procedimientos relacionados con ETA, directivos bancarios y la Gürtel, entre otros. Según ha adelantado El Español, la juez Josefa Bustos se ha visto obligada a archivar provisionalmente el sumario ante la falta de colaboración de Estados Unidos.

Las cábalas que apuntaban a un topo en la Audiencia Nacional comenzaron a finales de 2015. Los ojos se dirigieron a una agente del CNI a la que habían contratado como intérprete para ayudar a los jueces Ruz y Andreu en causas sobre el terrorismo yihadista. Según planteó posteriormente la investigación, habría sustraído información de los ordenadores que ambos utilizan en sus Juzgados Centrales de Instrucción. Este caso ha permanecido estancado durante meses a la espera de un informe que Josefa Bustos había solicitado a Microsoft USA. De hecho, la Audiencia Nacional ya libró varias comisiones rogatorias a EEUU antes de inhibirse a los Juzgados de Plaza de Castilla. Aunque ninguno ha conseguido las pruebas que perseguía.

Buscaban concretamente el método que habría empleado la traductora para acceder a los equipos y la información de los correos electrónicos de la agente, imputada por delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Al parecer, el fiscal de EEUU exigía que se concretara exactamente la información digital a remitir a España, es decir, que se concretaran los correos electrónicos que probaran claramente la comisión de un delito. Trabas que han hecho imposible el normal desarrollo de la instrucción, puesto que la magistrada de Madrid no contaba con el suficiente material para indicar los correos con exactitud. En consecuencia, Josefa Bustos ha devuelto a la agente ya expulsada del CNI el pasaporte que le había retirado como medida cautelar.

Punto y final a una causa que apuntó alto en sus primeros pasos pero se ha desinflado con rapidez. Ha perdido fuelle a pesar incluso de la juez pidiese que se reconociera la complejidad de la misma para ampliar el plazo de instrucción y así ganar tiempo en busca de una respuesta de Microsoft USA.

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