Pese a las "ciertas limitaciones" que impone la condición de magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido ha repasado la escena judicial en un desayuno informativo organizado por la revista Vanity Fair. Quien fuera nombrado fiscal general del Estado en la segunda legislatura de José María Aznar y se convirtiera en adalid de la negociación jurídica con la banda terrorista ETA cuando José Luis Rodríguez Zapatero renovó por dos veces este cargo se ha referido a los litigios más mediáticos de la actualidad y a los tres grandes problemas que, según su criterio, sufre la Justicia en España: la judicialización de la política, la privatización de la Justicia penal y el mantenimiento del modelo inquisitivo en el proceso.
"Responsabilidad moral" de Trillo
"No existe posibilidad real de reabrir la causa penal sobre el accidente del Yak 42", según el magistrado de la Sala Segunda del Supremo. Una investigación que el juez Fernando Grande-Marlaska archivó en la Audiencia Nacional, confirmando posteriormente el carpetazo la Sala de lo Penal, sin exponer al entonces ministro de Defensa Federico Trillo. 62 militares fallecieron aquel 26 de mayo de 2003 cuando volvían de Afganistán. En base a la versión de las familias, existió negligencia del Gobierno porque se habían destinado unos fondos para la contratación de los aviones del ejército y la mayor parte se perdió en intermediarios, disponiendo unos aparatos que no estaban en las condiciones óptimas.
El Consejo de Estado –compuesto por juristas y antiguos miembros destacados de la clase política– publicó esta misma semana un dictamen según el cual el accidente se pudo evitar con medidas que "pudieran haber despejado el riesgo que se corría", aunque desestima el abono de más indemnizaciones a las víctimas. Sin embargo, la recién nombrada ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, asumió la culpa de su departamento en el siniestro, puesto que además quedó acreditado que se enterraron restos mortales sin identificar y se falseó la memoria. Esta postura, adoptada en una reunión con los familiares de los fallecidos, ha puesto en la picota a Federico Trillo, que actualmente desempeña su cargo como embajador de España en Reino Unido.
Aunque Conde-Pumpido ha subrayado su "respeto al señor Trillo", le ha animado a "asumir que las cosas no se hicieron bien". Dado que "desde el punto de vista penal las responsabilidades están zanjadas", la respuesta "es más bien moral". Porque pese a que la causa no revivirá, "desde el punto de vista político la cuestión es diferente".
Discrepancias con Margarita Robles
El ponente ha clamado por la "urgente" reforma para que los fiscales sustituyan a los jueces como instructores de las causas. En este punto, la exmagistrada del Tribunal Supremo y ahora diputada socialista, Margarita Robles, asistente al acto, ha cuestionado esa más que posible transformación: "Pudiendo estar de acuerdo o no con lo que tú dices, habría que modificar el estatuto del Ministerio Fiscal. Porque la percepción que todos tenemos es que los fiscales son un cuerpo jerarquizado que recibe órdenes del fiscal general del Estado y siempre hay la duda sobre la intervención que tenga el Gobierno de la nación. Como hablamos tanto de la apariencia de imparcialidad, hasta que no se modifique el estatuto del Ministerio Fiscal y hasta que no haya una cultura en España de que efectivamente no recibe instrucciones del Gobierno, no sé si ayudaría mucho en este momento a dar credibilidad a la instrucción del proceso penal".
Conde-Pumpido ha culpado de esa percepción de falta de autonomía al "sector corporativista de los jueces que no quieren perder la instrucción de las causas". Aunque sí ve necesaria la reforma del estatuto del Ministerio Fiscal, cree que "no debemos prestar demasiado caso" a "asociaciones de Manos Negras cuyos líderes están en la cárcel" que digan que el fiscal es incompetente, puesto que "necesitan cuestionar la labor del Ministerio Fiscal por razones de supervivencia".
El jurista coruñés ha relatado la evolución de la Fiscalía desde antes de su llegada. Según ha contado, al principio le nombraban por una semana y le iban renovando el cargo. También que sus predecesores en la FGE perdían sus puestos por simples discrepancias con el Gobierno de turno. Por eso, trabajó por la norma vigente que impide el cese del fiscal general del Estado en una legislatura: "Sé que los conflictos de la Fiscalía con el Gobierno son permanentes por visiones diferentes. Pero si el fiscal tiene la garantía y ahora la tiene de que nadie le va a poder cesar puede actuar con la independencia necesaria".
Horrach y la infanta
Durante su periplo al frente del Ministerio Público, el más largo hasta la fecha, colocó a Pedro Horrach al frente de un nuevo departamento de la Fiscalía Anticorrupción. Conde-Pumpido ha explicado este movimiento porque en las Islas Baleares gobernaban siempre el Partido Popular o el PSOE obligados a obtener el apoyo de Unión Mallorquina. Este último "partido se aprovechaba de la situación para hacerse invulnerable frente a cualquier acusación de corrupción" y había "una persona", en referencia a María Antonia Munar, condenada después por varios casos de amaños y comisiones, "que controlaba el archipiélago".
Pero el trabajo de esa Fiscalía no se limitó a la corrupción local, sino que llegó a la Casa Real en el caso Nóos. "Desde el principio nosotros pensábamos que no había base legal suficiente para ir contra la infanta", criterio que han compartido sus sucesores en la fiscalía general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal, y que considera "un criterio serio". En cualquier caso, se ha mostrado "completamente seguro" de que la Audiencia de Palma "tomará la decisión oportuna".
Problemas de la Justicia
Ha utilizado el caso de la infanta Cristina para adentrarse en los problemas de la Justicia en España, que "circula por el lado contrario al resto de países del mundo". A su juicio, principalmente hay tres: la judicialización de la política, el mantenimiento del modelo inquisitivo en el proceso y la privatización de la Justicia penal. En relación a este último, ha criticado que "cualquier ciudadano, asociación u organización" pueda sentar en el banquillo a una persona determinada.
Sobre la judicialización de la política –que no politización de la Justicia–, ha destacado que "los partidos en Europa no pueden personarse contra los partidos contrarios". En relación con el papel de las formaciones, se ha presentado como "partidario de que los partidos políticos realicen su función importante en el ámbito político, pero no intervengan en el proceso penal salvo que estén involucrados como perjudicados".
Por último, se ha esforzado especialmente en explicar la necesidad de que el fiscal sea quien dirija la investigación: "Lo que normalmente demora los procedimientos es la instrucción, que en este momento en España es lenta, ineficaz e insegura. Mientras no cambiemos el modelo, la Justicia no funcionará". Según Conde-Pumpido, se trata de una deficiencia en la ley procesal penal, "que es del siglo XIX".
Rita Barberá y los aforamientos
Cuando el Juzgado de Instrucción nº18 de Valencia elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada para que imputara a Rita Barberá, aforada en ese organismo, se designó por reparto a Cándido Conde-Pumpido como instructor de la causa. Se da la circunstancia de que el 21 de noviembre de 2016, solo dos días antes de que la exalcaldesa de Valencia y exsenadora muriese de un infarto en un hotel de Madrid, el juez le tomó declaración por un presunto blanqueo de capitales: "Lamento de una manera extrema el fallecimiento de Rita. Sencillamente la oímos para que pudiera defender su inocencia, con todo el respeto y de acuerdo con las garantías constitucionales".
Conde-Pumpido no considera "que fallecimiento esté directamente vinculado al proceso, ni al tratamiento de los medios, sino a la naturaleza, una enfermedad que se puede padecer. Posiblemente la situación personal afecta, pero ella dijo que se había marchado satisfecha del Supremo". Al hilo de este episodio, el exfiscal general ha criticado que algunos pretendan lapidar a cualquier persona con la condición de imputado: "La mera comparecencia no debería tener las graves consecuencias que le quieren atribuir". Considera que la acusación ya sí es algo "solvente y serio" para tomar "decisiones contundentes".
Sobre el tema de los aforamientos, ha especificado que algunos "están en la Constitución y no deben tocarse, porque la Constitución cuanto menos la modifiquemos mejor". Sin embargo, cree que se ha extendido excesivamente su número: "una cuestión es limitarlos y otra hacerlos desaparecer".