Sucedió el pasado 15 de marzo de 2016 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Olot, en Gerona. Durante una vista de un juicio de faltas, la titular, Ana María Caballero, advierte a las letradas presentes en la sala de que tiene dificultades para comprender el catalán hablado, no así el escrito. Caballero interpela a las letradas después de que éstas contestaran a sus preguntas en catalán para advertirles de que no las entendía. Añadió que respetaba el derecho que les ampara de expresarse en catalán, e insistió en pedir un intérprete para poder atender a cada detalle de cuanto acontecía en el juicio si decidían no usar el español.
Tal y como cuenta El Español, y consta en el vídeo que este periódico aporta, las abogadas se muestran indignadas y desafiantes. Una de ellas llega a presumir de que habla cuatro idiomas, "pero no se trata de eso, sino de que estoy en mi derecho y, señoría, yo voy a utilizar mi derecho a usar el catalán". Pese a la disposición de Caballero a habilitar un intérprete, e incluso pedir la traducción de todas las diligencias y retrasar el juicio tanto como fuera necesario, las letradas catalanoparlantes no dejan de interrumpir y mostrar su malestar. "Es la primera letrada con la que me he encontrado un problema de este tipo en mis tres años de juez. Es un problema de comunicación", señala Caballero.
Más molestas todavía, las abogadas insisten: "No es un problema. Yo puedo hacer el esfuerzo de hablar en castellano, pero conste que me pone en una situación de cierta dificultad". La otra abogada refuerza el argumento: "De ninguna manera se puede trasladar al tema de la cortesía", decía. "Sí es una cuestión de cortesía, porque si una persona que puede hablar en dos idiomas insiste en hablar en el idioma en el que la otra persona no entiende, sí que es una cuestión de cortesía. Yo no hablo catalán, hablo castellano que es el idioma que me han enseñado", sentencia la juez.
Finalmente, la abogada catalanoparlamente que llevaba la voz cantante protesta con energía: "Por no entorpecer el juicio cambiamos, pero formulamos una protesta, no por nada señoría, pero es una cuestión que no tenemos que discutir, tenemos derecho, yo entiendo que usted no tiene obligación, aquí hay un choque legislativo, yo sé que el 231 de la LOPJ dice que usted puede hablar en castellano, vale. El problema es que o nos entendemos o tenemos que suspender el juicio. Pues hablamos castellano y ya está. Pero yo dejo constancia de mi protesta". Su compañera hizo lo mismo.
Ante esta actitud de las letradas, la juez Ana María Caballero decidió hacer constar las protestas, pero dijo que habilitaría un intérprete para evitar "causarle indefensión", tal y como habían protestado. Al argumento de la juez, se sumó la secretaria judicial, que dijo ser la más indefensa de todas, ya que en su trabajo diario se ve obligada a traducir todas las instrucciones pues no entiende el catalán.
Finalmente, las abogadas que elevaron la protesta pidieron que siguiera el juicio y dijeron que hablarían en castellano, que sólo querían hacer valer su derecho, y el juicio continuó.
Las letradas catalanoparlantes decidieron elevar una queja por la juez Caballero al Colegio de Abogados de Gerona que, a su vez, dirigió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No existe normativa alguna ni en la Constitución ni en la Ley que obligue a los jueces o a los fiscales a conocer otra lengua que no sea el español, trabajen en el territorio nacional en el que trabajen. Una realidad que ha sido refrendada en diferentes ocasiones por el Tribunal Constitucional que ha dictado jurisprudencia suficiente sobre la utilización de intérpretes.
El TSJC se ceba con Caballero
Pese a todo lo anterior, el TSJC se cebó con Caballero. Dictó por unanimidad, que la juez había empleado expresiones "fuera de tono" y había mostrado "descortesía" que, a su parecer, "patentizó una ausencia de equilibrio reflexivo a la hora de dirigir un acto procesal", además de demostrar "escasa sensibilidad y compromiso activo hacia lo que significa el derecho a utilizar la lengua propia" y una "falta de consideración personal hacia la profesional afectada", dice el TSJC.
No contenta, la sala de gobierno del TSJC impuso otra sanción más a la juez porque no le sentó bien que la magistrada considerase "impresentable" e "injusto" que le pidieran un informe sobre lo ocurrido.
Recurso al CGPJ
Ahora, Caballero ha pedido a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que anule las dos sanciones de advertencia que le impuso el TSJC. En su recurso, Caballero denuncia que se vulneró su derecho a la defensa y a un proceso disciplinario con garantías. Además, recuerda que, lejos de impedir el uso del catalán, cumplió con el ordenamiento jurídico al señalar la posibilidad de nombrar a un intérprete. Caballero destaca que fue la abogada la que mostró una actitud "arrogante" y "forzó una situación de tensión".
No queda aquí la queja de la juez extremeña que, tras el incidente, pidió un cambio de destino y volvió a su tierra, sino que sobre la segunda sanción que le impuso el TSJC dijo que "es aún más grave, por cuanto se me impone una sanción no sólo sin haber podido pronunciarme sobre la existencia de la misma, sino, en puridad, sin haber sido oída en absoluto sobre los hechos imputados y presuntamente calificables de infracción".
En el plano procesal, la magistrada extremeña recuerda que el TSJC decidió sancionarla en base al vídeo, que aportaron las letradas, y que no fue pedido al Juzgado, por lo que no tiene garantías de autenticidad.
Sobre el vídeo, Caballero dice que "del visionado completo de la grabación oficial" (que, llamativamente, no consta en el expediente) "se infiere un contexto muy distinto del narrado en el cuerpo del acuerdo de la sala de gobierno" y "se comprueba que la actitud de la letrada fuerza una situación de tensión que en ningún momento busqué, viéndome sometida a un acoso continuo por parte de dos letradas que pusieron de manifiesto una más que palmaria falta de respeto hacia la función jurisdiccional", dice la juez.