El director de la Guardia Civil, Jose Manuel Holgado, tomó posesión de su cargo a finales del pasado mes de noviembre. Mes y medio después, tiempo en el que apenas ha tenido tiempo de aterrizar en la institución, ha tenido su primera toma de contacto con las asociaciones profesionales que tienen representación en el Consejo de la institución. A esto ha dedicado parte de su tiempo durante esta semana.
Los representantes de Unión de Oficiales (UO) y la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (AsesGC) trasmitieron al máximo responsable de la institución su defensa de la naturaleza militar del cuerpo, su interés por el fortalecimiento de la Guardia Civil como referente en la seguridad pública española y su apoyo a un sistema interno de representación colectiva que excluya la existencia de sindicatos.
Le expusieron el malestar que existe en la institución tras conocerse que los efectivos de la Policía Nacional han cobrado casi el triple en concepto de productividad por objetivos a finales de 2016 que los miembros de la Benemérita y le solicitaron que trabaje para conseguir la equiparación con la Policía en conceptos como productividad, acción social y complementos retributivos como el CES o la territorialidad.
También diversas cuestiones relaciones con el aumento de la plantilla del Instituto Armado, centrándose en los efectivos de las escalas de oficiales y suboficiales, así como diversos problemas que han surgido del proceso de integración de escalas, incluyendo algunas renuncias a ascensos. Respecto al Consejo de la Guardia Civil, le plantearon algunas cuestiones relaciones con su funcionamiento y le pidieron que le dote de mayores competencias.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) solicitó a Holgado la equiparación de salarios, por los menos, con los efectivos de la Policía Nacional, pues consideran que no pueden existir dos policías dependientes directamente del Estado con diferencias salariales para los mismos trabajos, al tiempo que solicitó también esa misma equiparación en los accesos al cuerpo, subiendo la exigencia mínima del título de ESO al de Bachillerato.
Plantearon la necesidad de aumentar la plantilla de la Guardia Civil y de llevar a cabo un nuevo despliegue de las unidades territoriales, ya que consideran que el actual está basado en las necesidades del siglo pasado y no en las actuales. Pidieron una reestructuración mediante la creación de núcleos operativos de servicio, incorporando las unidades pequeñas en una unidad más grande, ganando de esta forma potencial de servicio.
Solicitaron al director general la compra de chalecos antibalas (especialmente femeninos), los cuales creen que deberían ser de uso personal; una renovación importante de la flota de vehículos; nuevas medidas para poder conciliar la vida laboral y la personal; así como la no aplicación del Código Penal Militar a los agentes cuando están realizando labores policiales, aunque apoyan que se mantenga para cuando realizan funciones militares.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) trasladó a Holgado sus quejas sobre la no existencia de turnos de trabajo estables, lo que a su juicio produce problemas con la jornada laboral, y la necesidad de aumentar los presupuestos de la institución tanto para preservar los derechos laborales de los guardias civiles como para dar un servicio de calidad a los ciudadanos. También solicitaron el aumento del complemento de productividad.
Entregó un dossier con los casos de los agentes de la asociación que están actualmente con algún expediente abierto y solicitó al director general que use su autoridad para impedir que puedan ser sancionados por su actividad asociativa. También pidieron un considerable aumento de los días asociativos (para hacer labores relacionadas con la asociación profesional) y el aumento de las subvenciones que reciben las asociaciones en la Guardia Civil.
Por último, también pidieron que no se aplique el Código Penal Militar a los agentes del Instituto Armado en ningún caso; que se modifique el reglamento de la Asociación Pro-Huérfanos para darle una mayor transparencia y que las asociaciones profesionales puedan participar en su gestión; y de un impulso al funcionamiento del Consejo de la Guardia Civil para que pueda ser útil para conseguir derechos para los guardias civiles.
La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) expuso la necesidad de recuperar los efectivos perdidos para que no se perjudique el servicio que prestamos a la sociedad, reivindicó la necesidad de equiparar el salario de los efectivos de la Benemérita con el de otras policías del Estado y pidió un plan integral para la mejora de las instalaciones de la Guardia Civil.
La Unión de Guardias Civiles (UniónGC) expuso al nuevo director general la necesidad de aumentar el presupuesto de la institución para equiparar el salario de los agentes con el de otros cuerpos de seguridad y poder hacer frente a algunas adquisiciones necesarias, como la compra de chalecos antibalas o fundas para las armas, así como la renovación de una parte de la flota de vehículos o instalaciones.
Propuso que el Instituto Armado pueda nutrirse económicamente del dinero o bienes que confisca en operaciones policiales, como solución a posibles restricciones presupuestarias. También plantearon la necesidad de modificar el despliegue territorial, adaptándolo a criterios de seguridad pública y no políticos y de aumentar la plantilla de efectivos con las que cuenta actualmente la institución.