El fiscal Emilio Sánchez Ulled invirtió dos horas en desgranar las abundantes pruebas documentales e ingentes detalles técnicos que implican directamente a Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau en la organización hasta el final del referéndum del 9 de noviembre de 2014. Su intervención resultó demoledora hasta el punto de sacar de quicio al expresidente de la Generalidad, que tuvo que ser llamado al orden dos veces por el presidente de la sala, el magistrado Jesús Barrientos. Mas intentó replicar la intervención final de Sánchez Ulled en un nuevo desprecio absoluto por jueces y fiscales.
En ese apartado, Sánchez Ulled estuvo especialmente duro. "Aquí se ha intentado presentar el juicio como una batalla entre demócratas y leguleyos. Pero este juicio también es democracia". "Se ha dicho que el ministerio público ha recibido instrucciones del Gobierno, lo cual es rigurosamente falso. Cuando la fiscal general Consuelo Madrigal me encargó este asunto me pidió una valoración técnica rigurosa tanto si había que archivar el caso o presentar acusación".
"¡Es que ya está bien!"
A modo de conclusión y mirando directamente a Artur Mas, el fiscal le espetó: "Y este tribunal es rabiosamente democrático, tanto si absuelve como si condena". "¡Es que ya está bien!", clamó Sánchez Ulled en un alegato brillante y apasionado sobre la calidad del sistema judicial y la democracia en España, puesto permanentemente en tela de juicio por los nacionalistas.
Uno de los pasajes más distendidos de la intervención del fiscal fue cuando abordó la tesis de la defensa de la celebración por generación espontánea del referéndum. "Ustedes perdonarán, pero es que parece de Gila. Alguien ha organizado algo". También destacó que si hubiera podido interrogar a los acusados, que se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas del ministerio público, lo primero que les habría preguntado es "qué parte de la orden del Constitucional no entienden". De ahí pasó el fiscal a demostrar que hicieron caso omiso de la suspensión, que recordó que era temporal, y que participaron de forma directa en la consulta.
Tras el fiscal, Antonio Alberca, letrado de la acusación particular (que representa a dos sindicatos de policía y no a Manos Limpias, según explicitó por si a la defensa se le ocurría utilizar ese argumento) se sumó a las tesis del fiscal, que demostró entre otras cosas que las empresas contratistas de la Generalidad remataron el dispositivo técnico los días 7, 8 y 9 de noviembre y que la Generalidad no se desentendió en absoluto del referéndum.
Las tesis de las defensas
El defensor de Mas, Xavier Melero, intentó convencer al tribunal de que Mas no había podido desobedecer y que ni el Gobierno ni ninguna instancia judicial hizo nada para impedir la consulta. Según Melero, en la orden del TC no había "mandato expreso ni destinatario específico" y que la orden ponía a su defendido en un "conflicto situacional". "¿Qué iba a hacer? ¿Suspender él lo que no parecía que ni el TC ni el Gobierno parecían querer frenar?", añadió Melero. El letrado rectificó un tanto la línea exhibida durante los interrogatorios y negó que Mas se esconda tras los voluntarios.
Rafael Entrena, el abogado de Joana Ortega, se ocupó de la parte de la defensa relativa al delito de prevaricación. El letrado afirmó que no hay supuesto más voluble que el de la prevaricación e insistió en la incapacidad de la entonces vicepresidenta de la Generalidad para frenar todos los dispositivos que ya estaban en marcha.
Jordi Pina, el letrado de Irene Rigau, intentó desacreditar a la exdirectora del Instituto Pedraforca del Hospitalet de Llobregat, Dolores Agenjo, por acudir al juicio con miembros de Ciudadanos al juicio, hecho que califico de "inaudito". Según Pina, "lo único que quería esa señora era obtener un certificado de la Generalidad para trasladarlo al Ministerio de Educación y evidentemente que no lo consiguió".