El Consell Comarcal del Barcelonès (CCB) es uno de los entes singulares de la administración local catalana que se solapa con otra peculiaridad regional, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Tanto uno como otro son fruto de la batalla por el control del territorio en la provincia de Barcelona entre socialistas y convergentes iniciada en los años ochenta, cuando Pujol dirigía la Generalidad y Maragall era el alcalde de Barcelona. Sus competencias se solapan entre sí y con las de la Diputación de Barcelona, por lo que su verdadera función es proporcionar sobresueldos y dietas a concejales y alcaldes y colocar cargos de confianza con relativa opacidad y para descargar en el erario público los sueldos de los "funcionarios" de partido.
En dichas "administraciones" priman los intereses comunes de los partidos sobre la confrontación política, por lo que no es extraño que se produzcan las más inverosímiles alianzas a cambio de regalías, nóminas y reparto de nombramientos. Uno de estos pactos se ha convertido en objeto de una investigación de la Fiscalía de Barcelona sobre 18 concejales de diversos partidos y ayuntamientos de la provincia de Barcelona por la irregular contratación de un alto cargo de Convergencia para el inédito puesto de "adjunto al gerente" del citado consejo comarcal.
PP y ERC se abstuvieron
El afortunado, con un sueldo de 56.000 euros brutos al año, se llama Joan Canyameres y fue incluido en la lista de Xavier Trias para el Ayuntamiento de Barcelona en 2011. Como no resultó elegido, se le buscó un acomodo fontaneril que fue renovado en octubre de 2015 con los votos a favor del PSC (que gobierna el ente con el apoyo de Convergencia), los suyos y Ciudadanos. PP y ERC se abstuvieron y sólo la CUP votó en contra.
La denuncia parte del secretario del consell, que se ampara en varios informes de la interventora advirtiendo a los consejeros de que el cargo es ilegal. En la entidad atribuyen la acción del secretario, suspendido de sus funciones, a que no se le permitió conciliar el trabajo público con actividades privadas, según la edición catalana de El Mundo.
Intervención de la Guardia Civil
Sea como fuere, esta semana agentes de la Guardia Civil se plantaban en la sede de la "institución" para pedir por mandato de la Fiscalía toda la documentación relativa al contrato de Canyameres, incluida el acta de la votación de 2015, y en los próximos días tendrán que declarar en el juzgado dieciocho concejales. El presidente de la cosa, Francesc Josep Belver, teniente de alcalde socialista en Hospitalet de Llobregat; Mercè Homs, hermana del diputado Francesc Homs y concejala de CDC en Barcelona; Carmen Andrés, edil del PSC en Barcelona; Santiago Alonso, concejal naranja en la capital catalana, entre otros y hasta un total de 18, deberán aclarar los motivos que les llevaron a ratificar al convergente Canyameres como "adjunto" del gerente.
Denuncia de la CUP
La irrupción de la Guardia Civil en el Consell Comarcal coincide con una denuncia de la CUP en la Oficina Antifraude sobre la gestión del CCB y con el propósito de socialistas y convergentes de desmantelar una entidad que dispone de empresas públicas como la constructora Regesa o Marina Badalona, afectada por el juicio del caso Pretoria que se cursa en la Audiencia Nacional.
Para el PSC y Convergencia no supone mayor problema que sus cargos públicos ostenten la etiqueta de investigados, y menos en el ámbito local, pero en el caso de Ciudadanos es una novedad, siendo esos cuatro pioneros, el citado Alonso, Magdalena Barceló, edil en Barcelona, Reinaldo Ruiz, en Hospitalet, y Pedro Sánchez (un caso de homonimia con el candidato a primarias del PSOE y el presidente de Murcia del PP), de San Adrián del Besós. Y eso por preservar la nómina de un militante de Convergencia.
El precedente
Como se recordará, el exdiputado autonómico Jordi Cañas tuvo que entregar su acta al ser investigado por un presunto impago a Hacienda en 2005. En enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (TSJC) le imputó por la apertura de un procedimiento judicial que tres años después reside en un limbo judicial. Supuestamente, Cañas, que hace 12 años era administrador de una sociedad limitada de carácter familiar, estaría implicado junto a otras diez personas en un fraude fiscal de 429.203 euros en concepto de impuesto de sociedades. En el caso del consejo comarcal, Ciudadanos no ha adoptado ninguna medida disciplinaria de momento.