Una nota del secretario general y del letrado mayor del Parlamento de Cataluña se convirtió en el eje de la sesión definitiva sobre los presupuestos del referéndum. Los servicios jurídicos de la cámara alertaron a los grupos de que la votación de las cuentas presentadas por el Gobierno de la Generalidad con la disposición adicional 31 para dotar de fondos la organización del próximo referéndum supone el "incumplimiento de la interlocutoria del Tribunal Constitucional", que a diferencia del Consejo de Garantías Estatutarias sí tiene un carácter vinculante.
La advertencia se produjo en el curso del pleno, poco antes de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, procediera a dar curso a la votación y generó un intenso debate entre los grupos. Dada la contundencia del aviso de los letrados del propio parlamento autonómico, Ciudadanos, PP, PSOE y los podemitas de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) reclamaron que la Mesa de la cámara se reuniera por una cuestión de orden.
El elemento introducido por el aviso de los letrados llevó a la CUP y a Junts pel Sí a denostar a los juristas. Jordi Turull, portavoz convergente de Junts pel Sí, insistió en el carácter no vinculante del informe emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias de la propia Generalidad y reiteró el discurso del "mandato democrático".
Carles Carrizosa, de Ciudadanos, alertó de que no sólo la Mesa incurría en responsabilidades, sino también el Ejecutivo. "Esto es el canto del cisne del proceso", declaró el parlamentario. Santi Rodríguez, del PP, hizo una encendida defensa de los letrados de la cámara y el socialista Miquel Iceta abogó en vano por encargar un nuevo informe a los juristas. El turno de los opositores lo cerró Joan Coscubiela, de la bancada podemita, que acusó a Forcadell de fomentar una "dinámica parlamentaria esperpéntica".
Interlocutoria del TC
La aludida se escudó en que no tocaba una reunión de la Mesa que iba a retrasar el visto a bueno de la CUP y Junts pel Sí a los números cuando el parlamento estaba constituido en sesión plenaria. La nota de los servicios jurídicos de la cámara apunta que la votación de la disposición adicional y tres enmiendas de la CUP, Junts pel Sí y los podemitas, "está afectada por la declaración de nulidad que establece el apartado primero de la interlocutoria 24/2017, de 14 de febrero, del Tribunal Constitucional (...) la votación comportaría ignorar la advertencia que se hace en el apartado segundo de la interlocutoria respecto al deber de impedir cualquier iniciativa jurídica que directa o indirectamente contravenga la declaración de nulidad, con las responsabilidades que se derivarían en caso de no atender este deber".
A pesar de la claridad expositiva del documento jurídico, la votación se llevó a cabo y el proyecto de ley de presupuestos ha salido adelante. Ciudadanos, PSC y PP se abstuvieron de votar los apartados impugnados.