Ha vuelto a escena el famoso legado del abuelo Florenci, padre del exmolt honorable presidente catalán Jordi Pujol i Soley, como origen de la fortuna familiar. La ronda de interrogatorios que acoge a los últimos tres miembros del clan que no habían desfilado por la Audiencia Nacional ha concluido en su primera jornada con ese mismo relato, aunque, una vez más, sin ningún documento que lo sustente. Con un presunto delito de blanqueo de capitales sobre la mesa, ha declarado primero Marta, desmarcada de cualquier maniobra ilícita. Después, Oriol Pujol, el hijo que continuó con la saga política llegando a la portavocía de Convergencia y al Parlamento regional como diputado por CiU. Este martes será el turno de Mireia Pujol Ferrusola.
¿Por qué no han justificado esa herencia?, ha insistido el juez José de la Mata. No ha encontrado respuesta. Aunque al principio negaban la existencia de cuentas en el extranjero, varias comisiones rogatorias han obligado a los Pujol a reconocer que dispusieron de varias cuentas en Andorra. De acuerdo con su relato, alimentaron esas posiciones con el legado y, según fuentes presentes en el interrogatorio, ni Marta ni Oriol conocen el origen de las aportaciones periódicas que su hermano primogénito Jordi Pujol Ferrusola, al que han señalado, tramitó posteriormente. Los movimientos de dinero se enmarcan entre 1992 y 2000 en Andbank y BPA. Cuando estalló el escándalo, todos trasladaron los fondos a fundaciones en Panamá.
Marta Pujol ha confirmado que regularizó en 2014 su parte de la fortuna con la Hacienda española. Según la investigación, hicieron lo propio el resto de los Pujol Ferrusola salvo Oriol Pujol. Este último, en su primera comparecencia frente al juez de la Audiencia Nacional, ha sostenido que, dada su condición de representante político, la naturaleza y la cantidad de sus cuentas en Andorra le "incomodaba". Por eso, se puso en contacto con su hermano Jordi. "Dóna-m'ho", dónamelo o dámelo, equivalentes en catalán, fue la respuesta. Según Oriol, le regaló su parte de medio millón de euros al primogénito. ¿Por qué, si procedían de la herencia, no los repartió entre toda la familia? Una duda que ha preferido no despejar.
Estado de la investigación
De la Mata aún desconoce el origen de los fondos. Sin embargo, el informe de la UDEF derivado de la llamada Operación Corcho –el reparto de fondos por Jordi Pujol Ferrusola mediante transferencias millonarias por idéntica cantidad a sus hermanos y a su madre– apunta a posibles comisiones cuyos pagadores "siempre son sociedades adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña". Para reforzar esta posición, alude a sumarios como los casos Palau o Pretoria que exponen amaños de contratos a favor de empresarios que habrían pagado a políticos de Convergencia.
Según José de la Mata, no hay razón que justifique que todos hayan negado que tuvieran cuentas bancarias fuera de España. A renglón seguido, el juez detalla las operaciones y señala que la mayoría de los fondos ingresados mediante transferencia en las cuentas de los hermanos y la madre provienen de las diferentes posiciones que titularizó Jordi en la Andbank. Existe un patrón similar de comportamiento en la actuación del grupo familiar: mantuvieron los fondos en Andbank hasta 2010, fecha en que los pasaron a BPA. En esta entidad los mantuvieron hasta 2012, cuando los ocultaron tras fundaciones panameñas hasta 2014, con la excepción de Oriol Pujol Ferrusola, "que lo reintegró en efectivo metálico desconociéndose su destino final".
Caso ITV
La instrucción concluyó en junio del año pasado que Oriol Pujol, gracias a su condición de diputado por Convergencia y Unión en el Parlamento catalán, utilizó su influencia política para favorecer a empresarios del sector de las ITV. También dictaminó que el hijo del expresidente cobró comisiones por esos beneficios de uno de ellos, amigo personal, que camufló los pagos con falsos conceptos como trabajos de asesoría de la mujer del político que jamás se produjeron.
La Fiscalía pide cinco años y dos meses de cárcel y una multa de 310.000 euros para Oriol Pujol por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, y falsedad continuada en documento mercantil. Para su mujer, Anna Vidal, rebaja sus pretensiones a los tres años y cuatro meses de prisión. Según el Ministerio Público, ella se embolsó fondos entre 2010 y 2012 por esos servicios no prestados al empresario íntimo de su marido, el también acusado Sergi Alsina, y en concepto real de comisiones a cambio de favores políticos.