La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Covite están moviendo a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional tras la escenificación del desarme de ETA. Eloy Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción nº6, ha solicitado este lunes a las autoridades francesas que autoricen a la Guardia Civil para acceder a los artilugios entregados este fin de semana por la banda terrorista. A instancias de las plataformas antes mencionadas, el magistrado mantiene abierta una causa por dos delitos del Código Penal relacionados con el terrorismo para comprobar si el nuevo material ayuda a esclarecer alguno de los más de 300 asesinatos sin resolver.
Velasco ha cursado lo que se llama una comisión rogatoria, es decir, una petición de colaboración para que la Justicia francesa en virtud de la cooperación jurídica entre estados miembros de la Unión Europea le traslade la información recopilada sobre las 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivo y varios miles de municiones y detonadores, así como los restos biológicos y de ADN intervenidos en los ocho zulos.
Los diferentes jueces instructores de la Audiencia Nacional han reabierto las causas en los últimos años de 21 asesinatos perpetrados por la banda terrorista. Por ejemplo, el atentado de 1979 en Villafranca donde perdieron la vida un guardia civil y su novia; el asesinato en Madrid del coronel retirado Aquilino Vasco Álvarez, de los guardias civiles José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez en Oyarzun o del policía nacional Ricardo González Colino. De ahí que la Fiscalía se posicionara la semana pasada con las plataformas de víctimas para reclamar cualquier indicio que se pudiera encontrar en este teatro del desarme.
A la lista de 21 sumarios reabiertos se unen los del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, los asesinatos de militante socialista Fernando Múgica o los de los concejales del PP Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez.
Sin embargo, fuentes investigadoras consultadas por Libertad Digital consideran "poco probable" que los nuevos hallazgos impulsen alguna de las causas. Esgrimen tres motivos: que ETA se habría preocupado de limpiar de pruebas el material a entregar, que solo han facilitado instrumentos sin detonar y que han prescrito cerca de la mitad de los crímenes sin juzgarse. La organización terrorista asesinó a más de 800 personas, pero la mayoría de los crímenes se enmarcan en las décadas de los 70 y 80, cuando existía un plazo de prescripción de 20 años que no se modificó hasta la reforma del Código Penal de 2010.