Ocurre frecuentemente que los jueces discrepan. Por ejemplo, en el caso que investiga la manifestación violenta del pasado 11 de marzo en Pamplona. El juez de instrucción que conoció originalmente los hechos apreció indicios de delitos de terrorismo en concurso con desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio y atentado. Se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, que estudia estos ilícitos, pero la Audiencia Provincial de Navarra ha revocado ese auto descartando la presencia de terrorismo en los altercados. En Libertad Digital hemos consultado esta cuestión controvertida con varios juristas.
En base al atestado policial y a las demandas, el juez de Pamplona elaboró un relato de los hechos. El Casco Antiguo de Pamplona acogió una "manifestación no autorizada" por el grupo autodenominado "Errepresioari Autodefensa" –contra la represión en la traducción al castellano–, publicitada por foros afines a la ilegalizada Batasuna y la extrema izquierda "con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública". "Durante la manifestación, un grupo que portaba sacos con piedras y material pirotécnico, así como capuchas para dificultar su identificación lanzó piedras y botellas contra la fuerza policial uniformada tras formar barricadas con contenedores volcados, resultando lesionados varios agentes y provocando diversos daños pendientes de tasación".
Los magistrados consultados convergen en que se trata de una cuestión técnicamente compleja los delitos ordinarios de atentado se distinguen de los delitos constitutivos de terrorismo en "matices que a veces son difíciles de interpretar": básicamente que se hagan con determinada finalidad o intención -"que a nosotros nos puede parecer obvia desde fuera pero que jurídicamente tiene que estar fundamentada", y, sobre todo, un dato objetivo, que haya detrás una organización criminal que persiga alterar la paz pública con las finalidades propias del terrorismo.
El juez de Pamplona detecto una "finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública" en los altercados de Pamplona. Sin embargo, la Audiencia Provincial entiende que, si bien existe referencia a una actuación en grupo y organizada, "no existe referencia alguna a que los hechos se hubieren desarrollado en el ámbito de la actuación de una organización o grupo criminal, no existiendo concreta referencia a ninguna organización o grupo de las características contempladas en aquellos artículos, como interviniente en esos hechos objeto de dicho atestado y cuya finalidad sea la comisión de delitos de terrorismo".
Según los juristas, "falta un dato objetivo, no podemos presumir que un grupo de jóvenes que cometan estos delitos, incluso aunque sea a favor de unos presos de ETA, actúen respondiendo a las directrices de una organización que está detrás".
El asunto regresa al juzgado de instrucción de Pamplona competente en primer momento. "El delito es exactamente el mismo, solo varía la competencia", explican los magistrados. Ahora hay que investigar qué hechos se cometieron, qué daños y quiénes son los autores; solo ante nuevos indicios de organización criminal se podría producir una segunda inhibición por presuntos delitos de terrorismo. Ya fueron detenidos Bárcena Rubén Iglesias y Endika Etura Múgica, que se abalanzaron sobre los agentes. El titular del Juzgado de Instrucción nº4 Pamplona decretó prisión provisional sin fianza para los tres y la Audiencia Provincial ha confirmado la medida
Sobre el hecho de que la Audiencia Nacional asumiera la competencia para investigar los hechos antes de que se pronunciara la Audiencia Provincial de Navarra, "hay un conflicto de competencias. Si la Audiencia Nacional mantiene la suya tendrá que decidir el Tribunal Supremo. Mientras tanto, pueden seguir investigando los dos".