Una expectación creciente se siente en la política andaluza y los juzgados sevillanos por el resultado final de la investigación de la concesión administrativa de la explotación minera del yacimiento de Aznalcóllar.La implicación de Susana Díaz y su gobierno en los hechos, la adjudicación final del concurso a una empresa que no participó en el mismo y la decisión de la Audiencia de Sevilla de permitir el volcado de los correos electrónicos de los altos cargos de la Junta que tuvieran en sus manos la decisión, han creado este ambiente de espera ansiosa.
Será el próximo día 12 de mayo cuando de los correos electrónicos de la Junta pueda deducirse si hubo o no irregularidad y parcialidad en la adjudicación. La batalla judicial por impedirlo ha sido dada desde la Junta pero finalmente su contenido se conocerá.
Recuérdese que la Junta tenía que optar entre conceder la explotación minera a Grupo México-Minorbis o a Emérita Resource. Se inclinó por la primera, una confusa sociedad compuesta por unos empresarios amigos, el clan de los López Magdaleno, y la mexicana Grupo México provocando que la segunda, Emérita Resource, participada por los actuales propietarios de El Correo de Andalucía, de tradicional vinculación al PSOE, acudiera a los tribunales.
Lo estrafalario del caso fue que, como investigó Libertad Digital,cuando se examinaron los papeles de la concesión, se certificó que, en realidad, la concesionaria oficial no fue ni la una ni la otra, sino una tercera sociedad llamada Minera Los Frailes que ni participó en el concurso ni aparecía siquiera mencionada en el dictamen de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Minera Los Frailes se constituyó el 21 de enero de 2015, poco antes de la concesión, con un capital social de 3.000 euros, algo extraño para una operación minera de 300 millones de euros de envergadura. La sociedad, anteriormente denominada Gestión Empresarial Macaru, SL, tiene por objeto social la realización de las actividades de exploración, investigación y explotación de todo tipo de yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
La implicación de Susana Díaz
La implicación de Susana Díaz en los hechos tiene dos vertientes. Una, personal, es la utilización electoral que la actual presidenta de la Junta hizo del tema en su campaña electoral. De hecho, prometió en Aznalcóllar la puesta en funcionamiento de la mina y dibujó ante sus habitantes el maná de puestos de trabajo que caerían sobre la localidad sevillana.
La otra, institucional, es la intervención de una de sus mujeres de confianza, la ex directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, que tuvo que ser destituida en agosto de 2015 por su imputación formal en el caso por el presunto delito de prevaricación. Posteriormente, el mismo juzgado archivó el caso y la ex directora fue rehabilitada y convertida en lo que es actualmente, nada menos que viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio.
Sus antecedentes fueron sospechosos porque en 2012 la propia Asensio, entonces delegada provincial de la Junta en Huelva, fue acusada por seis técnicos vía querella de presunta prevaricación en el caso de la concesión de ayudas a la empresa en la que trabajaba Paula Chaves, hija del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves.
Pero la Audiencia Provincial de Sevilla, que tiene en el caso una singular presencia vía la juez Mercedes Alaya, denegó el archivo del caso que había decidido el juzgado correspondiente y se volvieron a reabrir las diligencias de instrucción. La consecuencia inmediata fue que Asensio volvía a estar imputada en el caso, sin que hasta el momento haya dimitido ni nadie lo haya exigido salvo Ecologistas en Acción.
El volcado de los correos electrónicos
El conocimiento del contenido de los correos electrónicos cursados entre diferentes altos cargos de la Junta de Andalucía que podrían haber participado en la decisión de conceder la explotación minera ha sido objeto de una importante batalla judicial.
Fue la UCO de la Guardia Civil quien solicitó la medida a la juez de Instrucción Patricia Fernández, y esta lo consideró adecuado, pero tuvo que aplazar el conocimiento de los correos porque la Junta, la propia María José Asensio, actual viceconsejera y directora general de Minas cuando se concedió la mina, además de otros imputados, recurrieron la decisión.
La Guardia Civil se presentó a recoger el contenido de los correos, pero no pudo obtenerlos al no haberse pronunciado la Fiscalía. Se trata de 17 cuentas corporativas de la Junta de Andalucía entre las que se encuentran tres de altos cargos de la institución.
A principios de marzo de 2017, la Fiscalía dictaminó que el conocimiento de tales correos no infringía derecho alguno de los imputados, no era indiscriminada ni innecesaria sino legitima y adecuada. Por tanto, los correos de la viceconsejera de Empleo y ex directora general de Minas, María José Asensio; de su antecesor en el cargo, Luis Nieto; y del interventor general de la Junta y ex secretario general de Industria, Vicente Fernández, podrían ser conocidos por las partes implicadas en el caso.
Pues bien, el próximo 12 de mayo es la fecha que el juzgado ha decidido para conocer el contenido de los ya famosos correos electrónicos, por si aportan alguna luz en las razones por la que Junta de Andalucía decidió conceder la explotación minera de Aznalcóllar al tándem Minorbis-Grupo México vía Minera Los Frailes que ni siquiera participó en el concurso.
La Audiencia de Sevilla
Famoso fue en su día el archivo del caso Aznalcóllar por la juez Patricia Fernández y más famoso y contundente fue después la intervención de la Audiencia de Sevilla obligando a reabrir el caso ante los indicios, evidentes para la Audiencia, de la existencia de irregularidades.
La última intervención de la Audiencia de Sevilla en la paralización de decisiones extrañas de los jueces ha sido la que ha frenado el archivo de una pieza del caso ERE por la juez María Núñez Bolaños, con un auto demoledor contra la decisión de la sustituta de la juez Alaya en el caso.
Hace unos días, se conoció que la Audiencia de Sevilla ha frenado una decisión de la jueza María Núñez Bolaños que, como cuenta La Razón, afectaba a uno de los pilares de la investigación de los ERE.El órgano jurisdiccional superior ha anulado el auto por el que la magistrada archivó la pieza separada abierta por la ayuda de 1,3 millones de euros concedida a Azucareras Reunidas de Jaén S.A.
Extrañamente, la instructora argumentó que los hechos investigados no revestían "el carácter de delito" y argumentaba que no existían "intrusos" que se hubieran beneficiado de la ayuda otorgada por la Junta.Pero al decir tal cosa, excluía de sus consideraciones de irregularidad al procedimiento de concesión de las ayudas, que es precisamente el motivo por el que el caso ERE está en los juzgados creando un precedente de recorrido incierto en la causa.
La Audiencia, en el auto que anula la decisión de Núñez Bolaños, recuerda la ilegalidad del "fondo de reptiles" y subrayan que se trata de la "falta de todo procedimiento para la obtención de las ayudas públicas con las que finalmente se contribuyó a abonar a parte de los trabajadores las cantidades derivadas de la extinción de sus contratos de trabajo". Y añaden que "no dejaría de ser un eufemismo hablar de mero procedimiento inadecuado o de tramitación irregular. No hubo nada que pudiera siquiera parecerse a un amago de procedimiento".
Esto es, la Audiencia sevillana se está erigiendo de este modo en una eficaz y necesaria instancia para modificar decisiones inadecuadas de algunos jueces.