Desde hace tiempo, la situación de la docencia en Andalucía se ha venido deteriorando. Además del fracaso del sistema educativo, de la obstrucción a toda reforma por parte de la izquierda en su conjunto y del sectarismo ideológico vigente, e ha hecho evidente que la autoridad de los profesores y la convivencia entre los alumnos está en entredicho. En 2016, se contabilizaron 146 agresiones a docentes en Andalucía y los acosos a alumnos, que incluyen a veces agresiones, no han dejado de tener presencia en las aulas andaluzas.
El PP andaluz, con el apoyo de Ciudadanos, logró sacar adelante la presentación de un proyecto de ley que pretendía que los profesores fuesen considerados autoridad pública y que incluyera asistencia jurídica y psicológica para los docentes que han sufrido agresiones en las aulas. Pero el proyecto fue rechazado ayer con los votos en contra del PSOE de Andalucía, Izquierda Unida y Podemos. La Junta de Andalucía ya se había manifestado contraria a la iniciativa.
El PP, recoge Europa Press, considera primordial el reconocimiento social y legal del papel del profesorado. Además de su carácter de autoridad pública y las ayudas a los agredidos, admitía que los informes y declaraciones tengan "presunción de veracidad" y, además, inauguraba un registro de agresiones en los centros escolares.
El PP defendió ayer que las agresiones a profesores "no pueden salir gratis" tras confirmar que el número de agresiones no hace sino crecer. Por ello, se defiende en la Ley el reconocimiento de la autoridad de profesorado, algo que ya han hecho nueve comunidades autónomas.
Ciudadanos y la diputada no adscrita María del Carmen Prieto apoyaron la propuesta del PP aduciendo que el fracaso educativo reside en una sociedad que es incapaz de dar protagonismo y reconocer el valor de quienes educan a los niños. Ante la devaluación de la autoridad moral, hay que recurrir a una autoridad legal.
El PSOE andaluz, por el contrario, defendió que ya existe suficiente normativa sobre el amparo al profesorado. Añadió que su autoridad está defendida por su carácter de "funcionario público", que el reconocimiento de la autoridad del profesor sin más conduce al "autoritarismo" y que lo asfixia al sistema educativo son los "recortazos" del gobierno de Mariano Rajoy.
Podemos afeó al PP un "populismo rancio" que hace creer que el fracaso educativo en Andalucía se deba a la falta de autoridad del profesorado y denunció que la causa del fracaso está en los recortes del PP y en los de Susana Díaz. Según el partido morado, los profesores ni quieren autoridad sino dignidad.
Izquierda Unida acusó al PP de desenfocar la cuestión ya que, según esta formación, el debate sobre la autoridad del profesor no es el debate central. Acusó al PP de recuperar "modelos autoritarios, reaccionarios y clasistas" e hizo hincapié en los recortes.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya había dicho, recuerda Diario de Sevilla, cuando se fraguó esta proposición, que la protección que se pretendía del profesorado ya existía en la LOMCE y en el Código Penal.
ABC interpreta que el temor de la Junta reside en que el PP, de aprobarse este proyecto de ley, pudiera obligar de algún modo a tramitar y aplicar una LOMCE con la que nunca estuvieron de acuerdo.