El Parlamento vasco, con impulso del PNV y el Partido Socialista, aprobó en julio de 2016 una ley "de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999". El texto suscitó la reacción del Gobierno de Mariano Rajoy, que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la cámara autonómica sobrepasaba sus competencias. El órgano encargado de preservar la Carta Magna ha admitido a trámite las alegaciones, de forma que la normativa queda en suspenso hasta que los magistrados que componen el tribunal se pronuncien sobre el fondo de la cuestión.
La ley cataloga como colectivo de víctimas que "no han sido reconocidas ni reparadas" hasta la fecha a personas que habrían sufrido la violencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado y cuya existencia "ha quedado reconocida en informes de organismos internacionales de derechos humanos". Esta nueva disposición prevé indemnizaciones de 135.000 por fallecimiento, 390.000 euros por gran invalidez, 95.000 euros por incapacidad absoluta permanente, 45.000 euros por incapacidad permanente total y 35.000 euros por incapacidad permanente parcial.
También cobrarían los casos de lesiones permanentes de carácter no invalidante, con un importe que se calculará en base a unos criterios asentados. El problema es que, de alguna forma, la ley equipara las víctimas de la lucha antiterrorista con otras que han sufrido la violencia de ETA.
El Tribunal Constitucional ha acordado dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno del País Vasco, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.