El caso Amat se presumía grave, pero la realidad es que el líder del PP almeriense había salido airoso de todas las investigaciones y denuncias judiciales que contra él se pusieron en marcha. Ahora, cuando acaba de ser reelegido presidente del PP almeriense a pesar de los antecedentes, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acaba de emitir una providencia para iniciar diligencias previas sobre 22 empresas presuntamente relacionadas con Gabriel Amat.
Amat, además alcalde de Roquetas de Mar y presidente de la Diputación de Almería con el apoyo de Ciudadanos, debe ordenar la remisión de la documentación referida a la relación jurídica del Ayuntamiento con 22 empresas mercantiles en la que aparecen varios familiares y allegados. Además, se incoan diligencias previas sobre las 25 empresas que mencionaba la Fiscalía en su informe del pasado mes de febrero.
La juez, además, declara el caso de especial complejidad por cuanto la instrucción se alargará hasta 18 meses si bien puede seguirse prorrogando, lo que asegura la presencia de Amat en los medios de comunicación durante un período preelectoral clave en Andalucía.
El caso Amat viene de atrás. En la misma providencia de la juez se mencionan los informes policiales de la UDYCO de fechas 2 de febrero de 2015 y 31 de octubre de 2016, además del informe ya mencionado de la Fiscalía. Las denuncias fueron presentadas por la asociación llamada curiosamente AMAYT, Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia y el PSOE de Almería.
Gabriel Amat ha insistido en la persecución que sufre. Ya en 2016, anunció medidas legales contra la Asociación AMAYT por el "acoso y persecución" al que están siendo sometidos él y su familia. Amat ha manifestado estar sufriendo una persecución en toda regla que está dañando a su familia: "No comprendo el acoso personal y el ensañamiento de estas personas hacia mis familiares y hacia mí. Es muy doloroso ver sufrir a los tuyos con acusaciones falsas y sin fundamento. Me han investigado en numerosas ocasiones y no estoy imputado en ninguna causa judicial. Estas personas quieren hacer daño de forma gratuita y por el honor de mi familia voy a emprender acciones legales", dijo.
Gabriel Amat interpuso una querella por calumnias e injurias contra AMAYT que fue admitida a trámite en 2014 Todos los miembros de la Junta Directiva de esta asociación han declarado ya como imputados -hoy investigados- en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Roquetas de Mar.
Además de la repercusión electoral que podría tener el caso de mediar una presunta investigación formal de Gabriel Amat, el asunto adquiere relevancia notable porque Amat es uno de los componentes del círculo íntimo de Javier Arenas, expresidente del PP andaluz y miembro destacado de la dirección del PP nacional. Además, Amat está estrechamente relacionado con Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.
La familia, las empresas y Amat
¿De qué se acusa a Amat? No hay duda de la presencia de familiares de Amat en empresas y negocios inmobiliarios, aunque, hasta el momento, no se ha advertido carácter delictivo alguno en tal constancia. Precisamente las diligencias que se abren ahora tratan de investigar el asunto.
Amat ha presidido la Diputación, el PP de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar desde hace 20 años. Tras casi cinco años de indagaciones, el caso cobró nueva actualidad gracias a un informe de 2016 procedente de la UDYCO, de la Guardia Civil.
Se trataba de investigar si Gabriel Amat, como alcalde de Roquetas, ha estado beneficiando irregularmente en los últimos 15 años a sociedades mercantiles propias o de familiares que alcanzan a esposa, hijas, cuñados, primos, consuegros, concuñados y sobrinos en distintos grados.
Son 125 sociedades mercantiles las que entrelazan a sus familiares y la UDYCO estimó sorprendentemente que debían ser investigadas por la Junta de Andalucía en lo que se refiere al entramado urbanístico que manifestaban.
Es más, ya dijo en un informe anterior que esta "amplia y compleja investigación presenta una serie de elementos cuya valoración excede a la que sería una mera investigación policial, y en este caso debería estar dirigida y tutelada en todo momento por el ministerio fiscal o por un Juzgado de Instrucción".