La respuesta de la Comisión de Venecia a la carta que envió el pasado lunes Carles Puigdemont no se ha hecho esperar y resulta demoledora para los intereses de los impulsores del proceso separatista. Fruto de un acuerdo parlamentario con el grupo de "Catalunya Sí Que Es Pot" (CSQP), Puigdemont se comprometió a solicitar la mediación de la Comisión de Venecia. Sin embargo, en su misiva se limitaba exponer que había intentado llegar a un acuerdo con el Gobierno para celebrar un referéndum de autodeterminación, que Rajoy se negaba a negociar y que en cualquier caso, la consulta se iba a celebrar.
El presidente de la Comisión, Gianni Buquicchio, agradece a Puigdemont que le informe, asegura que toma nota y le advierte: "Usted es, sin duda, consciente de que no sólo el referéndum como tal, sino también la cooperación con nuestra Comisión, tendrán que llevarse a cabo de acuerdo con las autoridades españolas. También quiero subrayar que la Comisión de Venecia, cuyo nombre oficial es Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, ha enfatizado constantemente la necesidad de que cualquier referéndum se lleve a cabo con pleno cumplimiento de la Constitución y la legislación vigente".
Según la información de La Vanguardia, el Govern ha encajado el varapalo "con cierta satisfacción" y como si fuera un "reconocimiento" del "conflicto catalán". Además, elogian la rapidez de la respuesta. La dura carta llegó el mismo día, este viernes, en el que el ejecutivo autonómico constataba, también según el diario de Godó, que los funcionarios designados para formar parte de la mesa de contratación de las urnas exigieron una orden por escrito que no les fue entregada, de modo que se negaron a participar en el trámite del concurso.
Ante el plante, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, denunciada por la Fiscalía nada más abrir el procedimiento administrativo para la adquisición de las urnas, tuvo que recurrir a cargos de confianza política del departamento para que asumieran el papel de los funcionarios. Dos son las empresas que se han presentado para proporcionar a la Generalidad urnas a pesar de las advertencias judiciales.
Este sábado, Borràs justificó que acudiera a dichos cargos y tachó de "falsa" la información:
La informació de @LaVanguardia és falsa. Sempre hem dit que no posarem els treballadors públics en risc o en una situació compromesa (1/2) pic.twitter.com/N22jzmBT8z
— Meritxell Borràs (@txellborras) June 3, 2017
Que a la mesa de contractació hi hagi alts càrrecs és una mesura preventiva davant l'actuació i actitud predemocràtiques de fiscalia (2/2)
— Meritxell Borràs (@txellborras) June 3, 2017
Según dijo, se trató de una "medida preventiva" ante una posible actuación "predemocrática" de la Fiscalía.
Mas y Gordó, en la picota
A estas dificultades se debe añadir la investigación solicitada por la Fiscalía General del Estado al Tribunal de Cuentas en torno a los cinco millones que Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega gastaron en el referéndum del 9-N de 2014. En primera instancia, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) descartó acusar a los responsables políticos de aquella consulta de malversación para no tener que solicitar penas de prisión.
La situación de Germà Gordó es otro de los frentes que hace aguas en Convergencia. El diputado de Junts pel Sí, exconsejero de Justicia y gerente de CDC entre 2005 y 2010, se resiste a dimitir, tal como le exige el PDeCAT, la nueva marca convergente. La investigación abierta por el TSJC en el marco del cobro de comisiones para el partido a cambio de contratos públicos, el caso 3%, contra Gordó amenaza con hundir el intento de los "nuevos" convergentes por desmarcarse del pujolismo y la corrupción.