Todos los dirigentes del PDeCAT, la nueva marca de Convergència, han exigido a Germà Gordó el escaño que ocupa en el grupo de Junts pel Sí tras la apertura de diligencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre su papel en el entramado del tres por ciento. Dos testigos protegidos lo señalan como el recaudador convergente por indicación expresa de Artur Mas. Gordó era la mano derecha de Mas en el partido, gerente de la formación entre 2005 y 2010 y luego consejero de Justicia cuando su valedor ocupó la presidencia de la Generalidad.
Gordó trató de pasar desapercibido durante la organización del referéndum del 9-N de 2014. El "marrón" de la confección de las papeletas y las urnas de cartón recayó en la entonces vicepresidenta y consejera de Gobernación, Joana Ortega, de cuyo departamento partió un encargo que realizaron los presos de la cárcel de Lérida. A pesar de que la competencia transferida de la administración de las prisiones corresponde a Justicia, cartera regional que ostentaba Gordó, la Fiscalía del TSJC pasó por alto el detalle.
Gordó está casado con Roser Bach, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y su nombre no sólo figura en las agendas de los empresarios del sistema del tres por ciento sino que era mentado en las grabaciones de las reuniones entre el exdirector de la "Oficina Antifraude" de la Generalidad, Daniel de Alfonso, y el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. De Alfonso se refería a Gordó como una "alternativa moderada" a Mas y lo situaba en medio de una maniobra para liderar el partido y reconducir el sesgo separatista de Convergencia.
Las vinculaciones del juez del TSJC
De hecho, Gordó montó una candidatura para garantizarse acomodo en la refundación de Convergencia, pero ya estaba "manchado" por la difusión de las reuniones entre Jorge Fernández Díaz y De Alfonso y su operación se saldó con un rotundo fracaso. A Gordó sólo le queda el escaño para afrontar la investigación decretada por el TSJC y encomendada al magistrado Enric Anglada, quien ha reconocido su vinculación con Convergencia, según informa Crónica Global. Es amigo de Josep Maria Bassols, exalcalde convergente, exasesor de Puigdemont, investigado por el 3% y casado con una compañera, la magistrada del TSJC Núria Bassols, que retornó a su plaza del TSJC cuando su marido fue imputado por el 3% y se vio obligada a dimitir como "comisionada para la transparencia" de la Generalidad de Mas.
Los fiscales del 3%
Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda, a los que el dimitido fiscal Anticorrupción Manuel Moix intentó apartar del caso, no quieren soltar la presa, pretenden la recusación de Anglada y atribuyen a Gordó los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos en obras como el dique del puerto de Barcelona, por el que es investigado Sixte Cambra, director del Puerto y amigo personal de Mas, o la plaza de las Gloria, paralizadas por decisión de la alcaldesa Ada Colau tras constatarse graves errores técnicos en el proyecto de reforma.
Dado que no prospera la petición del PDeCAT para que Gordó renuncie al escaño, el partido ya ha activado su defensa. El mismo presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha declarado en alusión a Gordó y en una entrevista en el diario nacionalista Ara que "hemos visto que se han formulado acusaciones a cambio de obtener beneficios judiciales".
Es la estrategia que se ha utilizado para desacreditar las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull, exdirectivos del Palau de la Música Catalana, la "cañería" por la que se financiaba CDC, según las conclusiones del fiscal del juicio por el saqueo nacionalista de la entidad cultural.