Versiones interesadas y contradictorias, confusión, llamadas retóricas a la unidad, críticas al Gobierno del PP y a la judicialización del proceso y ningún resultado concreto. La tercera reunión del Pacto Nacional por el Referéndum (formado por partidos, sindicatos, patronales, clubes deportivos, asociaciones de vecinos y todo tipo de entidades) y casi seguro que la última ha servido para disolver la ejecutiva del organismo una vez constatado por su presidente, el exdirigente socialista Joan Ignasi Elena, que el trabajo encomendado por la Generalidad se había llevado a cabo.
Tal recado se refería a la elaboración de un manifiesto a favor de un referéndum pactado, una campaña de recogida de firmas y continuos llamamientos para que el Gobierno se avenga a negociar la fecha y pregunta de una consulta de autodeterminación. En el documento presentado en la reunión, la ejecutiva anunciaba su disolución, pero abogaba por mantener el 'Pacto' como foro de debate. Sin embargo, evita explícitamente dar apoyo a la vía unilateral que pretenden las formaciones separatistas.
El trabajo del organismo ha defraudado profundamente a los partidos "soberanistas", que pretendían un pronunciamiento tajante a favor de la vía unilateral. Al término de la reunión, que ha durado unas dos horas y media, Joan Ignasi Elena ha manifestado que "el Pacte ni avala ni desautoriza cualquier decisión que pueda adoptar el Govern" mientras que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha reiterado que en breve anunciará la fecha y la pregunta y que está dispuesto a negociar con el Gobierno hasta el último minuto.
También se ha referido al papel de los funcionarios, a los que ha garantizado "seguridad jurídica". Respondía así a los requerimientos sindicales en la reunión del 'Pacto', toda vez que ya ha habido funcionarios que se han negado a obedecer órdenes que no se den por escrito. En concreto, el departamento de Gobernación tuvo que montar la mesa de contratación del concurso para la adjudicación de las urnas con cargos de confianza política ante el plante de los funcionarios por el riesgo de incurrir en supuestos delictivos tras los avisos del Tribunal Constitucional.
Convergencia y ERC pierden el control
Las reticencias de los "comunes" de Ada Colau y Xavier Domènech a apoyar la intentona de Convergencia, ahora PDeCAT, ERC y la CUP, han abocado el encuentro del 'Pacto' a un callejón sin salida en el que se ha evidenciado que PDeCAT y ERC ya no controlan a su antojo el aparataje civil del proceso separatista. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural no se mueven de su posición de combate frontal con el Estado, pero este "Pacto por el Referéndum" ya no es aquel "Pacto por el Derecho a Decidir" que ratificaba sin fisuras todos los pasos de Artur Mas.
Así, Puigdemont anunciará fecha y referéndum, pero sin el aval del dicho organismo. El separatismo no ha logrado ensanchar su base social, tal como se proponía Puigdemont como condición imprescindible (junto al reconocimiento internacional) para abordar con éxito la última fase de la secesión.
A la fracasada "cumbre" asistió el gobierno catalán casi en pleno, el expresidente regional Artur Mas, el alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello, los portavoces de la ANC, Òmnium y los municipios por la independencia, representantes sindicales y de los partidos del "derecho a decidir", sea por la vía unilateral o acordada.
El factor de la corrupción
En el contexto del encuentro, la monumental bronca en el PDeCAT y en el seno de la coalición Juntos por el Sí (convergentes y republicanos) por la decisión de Germà Gordó, el exgerente de CDC y exconsejero de Justicia a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una investigación por su condición de supuesto "conseguidor" del tres por ciento, de abandonar el partido pero quedarse con el escaño como diputado no adscrito. En Convergencia se ha extendido el temor a que Gordó, considerado en su día mano derecha de Artur Mas, pueda tirar de la manta y ERC exige al PDeCAT que fuerce a Gordó a entregar su acta. El ya exdirigente de Convergencia se ha erigido en representante de una corriente crítica denominada Nova Convergència al objeto de aferrarse a su condición de aforado para dificultar la investigación sobre los hechos que se le imputan.