Ha sido uno de los escándalos más serios y costosos que ha vivido Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Uno de sus directores generales y exsenador por Granada, Juan Manuel Fernández Ortega, el mismo que defenestró al funcionario Luis Escribano, conocido crítico del régimen socialista andaluz, es propietario de la empresa de seguridad que ha contratado con el Centro Comercial Nevada para prestar sus servicios.
El asunto es que la Junta de Andalucía tiene que pagar una indemnización de 166 millones de euros al Centro tras una sucesión de anomalías judiciales. Por poner un solo ejemplo, el letrado de la Junta no se presentó en la vista del juicio que fijó la indemnización. El caso Nevada saltó en 2010 y se ha resuelto provisionalmente con la condena de la Junta por entorpecer los trabajos de construcción del centro.
Hoy, que se celebra el habitual consejo de Gobierno de la Junta, se espera que Susana Díaz fulmine a su director general de Administración Local, que ha aparecido, como ha contado ABC, relacionado con el Centro Nevada en un contrato de los servicios de seguridad.
El PP ya ha anunciado que preguntará sobre la vinculación existente entre Juan Manuel Fernández Ortega y dicha superficie comercial y sobre los cambios efectuados en el gabinete jurídico de la Junta tras el fiasco del caso Nevada.
Fue siendo senador que Fernández Ortega constituyó sus tres empresas, todas con el mismo domicilio social y parecido nombre: Servucción Seguridad, Servucción Auxiliares (en 2012) y Servucción Soluciones, fundada en 2014. La contratada por la sociedad de Tomás Olivo, que es quien decide en el llamado Centro Comercial Nevada a través de su Central de Galerías Comerciales, es Servucción Seguridad. Fernández Ortega posee, al menos, un 48 por ciento de las acciones si bien podría ser hubiera poseído más.
El director general Fernández Ortega es el mismo que decidió el pasado mes de noviembre el cese de Luis Escribano del Vando, funcionario del Cuerpo Superior que ocupaba desde 2012 la Jefatura del Servicio de Cooperación Económica de la Dirección General de la Administración Local de la Consejería de Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía, cuyo titular es la mano derecha de Susana Díaz, Manuel Jiménez Barrios.
Fernández dijo a Escribano que "no le gustaba" el modo en que su Servicio trataba a los Ayuntamientos, motivo por el cual le comunicaba su cese. Pero, en realidad, se trataba de la denuncia de Escribano sobre el interés de su director general en atender preferentemente a los ayuntamientos de la provincia de Granada, donde fue alcalde de la localidad de Chauchina y senador hasta 2015. Posteriormente, el PSOE y Ciudadanos se opusieron a la comparecencia de Escribano en el Parlamento andaluz.
Relacionado con el "clan de Armilla", otro de los clanes con poder interno dentro del PSOE andaluz. Armilla es una localidad cercana a Granada que forma parte de su entorno metropolitano y lugar en el que se asienta el Centro Comercial Nevada. En su seno, se desarrolló un grupo de poder que fue denunciado por el PP de Granada.
De hecho, en 2015, el PP granadino dejó caer la sospecha sobre la premura con la que el Ayuntamiento de Armilla, y su gobierno socialista, planteó la aprobación del nuevo PGOU que recalificaba 215.000 metros cuadrados junto al Centro Comercial Nevada. Parte de esos terrenos fueron comprados poco antes, por una empresa de Gabriel Cañavate, exteniente de alcalde del PSOE y concejal de urbanismo de Armilla, y condenado a prisión por el Caso Nevada.
Además, fue sustituido tras dimitir por su sobrina, Dolores Cañavate, actual concejala de urbanismo. El PSOE llegó al gobierno tras una moción de censura apoyada en un tránsfuga y en IU para desalojar al PP de la alcaldía, operación que fue al clan socialista de Armilla, vinculado a los órganos de dirección del PSOE andaluz e incluso nacional.
La presencia del todavía director general de la Junta agraciado con el contrato de seguridad del Centro Comercial Nevada en el clan de Armilla suscita una duda acerca de la actuación negligente de la Junta en el proceso judicial que la ha llevado a tener que pagar la indemnización de 166 millones de euros si no gana el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo.