Al negarse a recurrir la sentencia hecha pública el pasado 21 de junio por la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, que absolvía al ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos y a otros nueve acusados, varios de ellos vinculados al PSOE, por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, la Fiscalía de Sevilla ha desencadenado un ataque general a la juez Alaya hacia la que se desvía toda la responsabilidad del caso.
De hecho, Rodrigo Torrijos ya ha anticipado que está estudiando una querella formal contra la juez Alaya a la que acusa implícitamente de estar en connivencia con el PP y con el hoy ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido y de una instrucción "inquisitiva", a pesar de que en la propia sentencia se reconoce la buena fe y la imparcialidad de la instructora. Torrijos, curiosamente, no ha dirigido sus acusaciones ni contra la Fiscalía ni contra la Guardia Civil, piezas claves en la instrucción del proceso y su larga duración.
Es conocido que fue la Fiscalía quien pedía dos años de cárcel para los procesados y quien ha considerado indicios fuera de toda duda los expuestos en el juicio. Por tanto, se esperaba que, naturalmente, la Fiscalía elevase un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla.
Sin embargo, la fiscal jefe, María José Segarra, jefa jerárquica de los fiscales Anticorrupción de Sevilla que intervinieron en el caso y nombrada por Cándido Conde Pumpido, ha dicho que, "no nos encontramos con ningún razonamiento arbitrario o carente de raciocinio o ilógico que permita solicitar la nulidad de la sentencia". Además, argumenta que no suelen prosperar los recursos en casos como el de Mercasevilla.
La actitud de la Fiscalía es sorprendente puesto que en su mismo comunicado afirma que con los hechos expuestos y mostrados en el juicio, podía haberse llegado a "la conclusión alternativa condenatoria". Esto es, la sentencia de la juez Gucema responde a una interpretación de los hechos que la fiscalía no comparte. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido no recurrir ante la Audiencia, como tampoco la propia empresa Mercasevilla.
Denuncia contra la juez Alaya
Desde el mismo día en que se conoció la sentencia de la juez Yolanda Sánchez Gucema, fechada el pasado día 12 de junio y conocida el día 21 en lectura pública, se entrevió que se iba a desatar otra nueva campaña de descrédito contra la juez Alaya, responsable de la instrucción del caso de la venta de un terreno en Mercasevilla por el que se pedía dos años de cárcel y diversas penas en concepto de fraude, prevaricación y delito societario a los encausados.
A pesar de que, como es público y notorio, tanto la UCO, de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción donde ejercía la juez Alaya estaban de acuerdo en la acusación y en las pruebas, se llegó a pedir en los medios de comunicación una "investigación exhaustiva del Servicio de Inspección del CGPJ sobre lo que ha estado pasando en Sevilla con estos politizados procedimientos". Ahora se da un paso más y se anticipa una denuncia contra la juez Alaya.
La insinuación, aún no concretada, procede del ex teniente de alcalde de IU en el Ayuntamiento de Sevilla y figura histórica del comunismo sevillano, Antonio Rodrigo Torrijos. No es Mercasevilla el único caso en que se ha visto envuelto el edil de IU, pero ha sido el más llamativo. Torrijos ha mezclado la "kafkiana" y "desastrosa" instrucción del caso con el comportamiento del ahora ministro Juan Ignacio Zoido al que ha señalado como responsable último.
Torrijos ha dicho a la cadena SER que "un proceso kafkiano de este tipo, que dura tanto tiempo, que se hace en un proceso electoral, que tiene una influencia sobre el mismo proceso electoral para tumbar a un Gobierno que no se quería y favorecer la llegada de otro, ha tenido un efecto no tan solo social y político, sino también personal, que habrá influido en mi salud".
Torrijos ha subrayado la sintonía entre los tiempos judiciales de la juez Alaya y los tiempos electorales, acusación habitual ya entre los imputados socialistas en este y otros casos instruidos por la magistrada. Argumenta Torrijos que se trata de un proceso que "empieza y se anuncia" en 2009 "para tomar su viso de realidad" en 2011, "en plena campaña electoral" para las municipales donde él mismo encabezaba la candidatura por IU.
Y añadía: "El proceso kafkiano de Mercasevilla coincidió con los tiempos electorales y facilitó la llegada de Juan Ignacio Zoido al Gobierno". Por ello, Torrijos estudia, según ha dicho, denunciar a Mercedes Alaya e insinúa que asimismo podría hacerlo contra Juan Ignacio Zoido. Sus palabras han sido: "¿Qué pasa con todo esto? ¿No hay ninguna responsabilidad? ¿Qué pasa con el señor Zoido?".
Tampoco ha salido airosa la propia IU, que forzó su salida de la organización. Torrijos ha anunciado que pedirá su reingreso en la organización con los mismos cargos que tenía cuando fue obligado a marcharse por presión ideológica y "debilidad política".